El Gobierno de José Antonio Kast ha decidido no llevar a cabo una auditoría internacional para revisar el uso de recursos públicos, optando en su lugar por un proceso interno debido al alto costo que implicaría contratar firmas externas. La ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, explicó que la auditoría internacional representaba un gasto significativo para el Estado, y en el contexto de la actual estrechez fiscal, se ha decidido utilizar las herramientas internas disponibles.
“La auditoría internacional tenía un costo enorme para el Estado y, dada la situación de estrechez fiscal que estamos viviendo en este momento, decidimos usar las herramientas internas que tiene el Estado”, declaró Sedini. En este sentido, la ministra destacó que más de 1.000 auditores están actualmente desplegados en alrededor de 500 servicios e instituciones públicas, recopilando información que comenzó a ser enviada al Ejecutivo desde el lunes.
Sedini enfatizó que el Gobierno está utilizando toda su capacidad para proporcionar información a los ciudadanos sobre la situación fiscal actual, asegurando que se están cuidando los recursos de los chilenos. “Estamos usando toda la capacidad del Estado para entregar información a los chilenos sobre la situación fiscal que vivimos y, al mismo tiempo, estamos cuidando los recursos de los chilenos”, afirmó.
La ministra calificó el proceso de auditoría interna como un esfuerzo sin precedentes, subrayando que esta medida busca atender la creciente demanda por un mayor control del gasto fiscal. “Nunca antes se había hecho este tipo de auditoría interna”, defendió, argumentando que esta decisión permite cumplir con la promesa de revisar las cuentas públicas sin incurrir en gastos adicionales.
La decisión del Gobierno ha generado críticas, especialmente de figuras como Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, quien ha señalado que el Ejecutivo “todavía está un poco al debe” en el cumplimiento de sus promesas de campaña, incluyendo la auditoría internacional.
Este anuncio se produce en un contexto de creciente presión sobre el Gobierno, que enfrenta cuestionamientos sobre su gestión y el cumplimiento de sus compromisos. La situación fiscal compleja ha llevado a la administración a optar por esta alternativa, que se aleja de lo inicialmente prometido.
En otros temas, el diputado Raúl Soto ha criticado el Plan de Reconstrucción Nacional, calificándolo como un proyecto que agrupa más de 40 iniciativas en una sola medida legislativa, lo que ha generado controversia en el ámbito político.
