El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se enfrenta a una situación crítica tras la cancelación de su detención por parte de las autoridades, en el contexto de una investigación sobre la ley marcial que proclamó en diciembre. Este episodio ha generado un ambiente de tensión, con la presencia de 11,000 seguidores del mandatario y 2,700 policías en las inmediaciones de la residencia presidencial.
Lo sucedido en la residencia presidencial
A las 8:00 hora local (20:00 horas del jueves en Chile), un grupo de 20 funcionarios de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) y 80 policías ingresaron a la residencia presidencial ubicada en el barrio de Hannam, en Seúl. Fuera del recinto, otros 30 agentes de policía se encargaron de vigilar la entrada, mientras que 2,700 efectivos adicionales fueron desplegados para prevenir altercados entre los seguidores del presidente y las fuerzas del orden.
Después de superar los controles de seguridad, el CIO y la policía se enfrentaron durante un periodo de tres a cuatro horas con el servicio de seguridad presidencial, que se negó a aceptar la validez de las órdenes de arresto temporal y registro obtenidas el martes. Esto ocurrió después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar sobre su decisión de decretar la ley marcial el 3 de diciembre. Finalmente, el CIO decidió cancelar la operación a las 13:30 hora local (1:30 hora de Chile), expresando su preocupación por la seguridad de las personas presentes, incluyendo a hombres armados del servicio de seguridad presidencial y de la policía.
Los argumentos de Yoon y roces en la investigación
El presidente Yoon ha defendido su decisión de declarar la ley marcial como un “acto de gobernanza” en respuesta a lo que él considera acciones “antiestatales” por parte de la oposición, que actualmente controla el Parlamento. Sus abogados han solicitado la anulación judicial de la orden de detención, argumentando que es “ilegal” y que solo la Fiscalía, y no el CIO, tiene la autoridad para solicitar un arresto bajo la acusación de insurrección, el único delito que no está sujeto a inmunidad presidencial en Corea del Sur.
A pesar de que el equipo conjunto de investigación, que incluye al CIO, la policía y el Ministerio de Defensa Nacional, ha solicitado a la Fiscalía que unifique las investigaciones, esta última se ha negado, lo que resalta un desencuentro que se ha prolongado en el tiempo. El CIO fue establecido por el anterior gobierno del presidente liberal Moon Jae-in en 2021, en un contexto de fuerte confrontación con el entonces fiscal general, quien había sido nombrado por Moon dos años antes: el actual presidente Yoon Suk-yeol.
Tras la destitución por corrupción de un ministro de Justicia cercano a Moon, su sucesora, Choo Mi-ae, implementó una reforma en la Fiscalía que limitó sus competencias en materia de investigación y estableció el CIO. Esto llevó a la dimisión del fiscal general en marzo de 2021, quien posteriormente se postularía como candidato conservador en las elecciones presidenciales de 2022, las cuales ganó por un estrecho margen de 0.7%.
Qué sucede ahora
El CIO ha indicado que evaluará los próximos pasos a seguir respecto a la orden de detención, que caduca el lunes. Si se ejecuta, esto permitiría retener a Yoon para que declare durante un periodo de 48 horas, durante el cual se podría solicitar una extensión temporal del arresto si se considera necesario prolongar el interrogatorio. Los investigadores habían planeado llevar a cabo la detención de Yoon hoy, anticipando que el sábado y el domingo aumentaría la concentración de sus seguidores, en su mayoría personas mayores de 60 años, lo que incrementaría el riesgo de enfrentamientos.
La situación actual plantea múltiples interrogantes, ya que Yoon fue destituido por el Parlamento el 14 de diciembre y actualmente está siendo juzgado por el Tribunal Constitucional, que tiene hasta junio para decidir si hubo o no violación de la Constitución el 3 de diciembre y si su cese debe ser definitivo. Este episodio, en un contexto de interinidad en el país, donde el Parlamento también destituyó al primer ministro hace una semana, resalta el poder desmedido de la figura presidencial en Corea del Sur, que muchos ciudadanos consideran “casi imperial”, y alimenta el debate sobre la necesidad de reformar la Constitución.
