La disputa judicial entre la Municipalidad de Vitacura y la concesionaria de BordeRío genera incertidumbre sobre el futuro del centro gastronómico y sus trabajadores.
Desde el año 2022, la Municipalidad de Vitacura y la Inmobiliaria e Inversiones Santa Mónica, que gestiona el centro gastronómico BordeRío, se encuentran en medio de un conflicto legal. La controversia se originó en septiembre de 2022, cuando el concesionario presentó una demanda de acción declarativa de derechos y de indemnización de perjuicios contra el municipio. El objetivo de esta demanda era que el tribunal reconociera que la pandemia había constituido un “hecho sobreviniente, imprevisto, irresistible y transitorio para las partes”, lo que, según el concesionario, debería resultar en la suspensión del plazo del contrato de concesión.
En junio de 2023, el 11º Juzgado Civil de Santiago falló a favor de la Inmobiliaria e Inversiones Santa Mónica, extendiendo el contrato de concesión, que había comenzado hace más de 30 años, por un periodo adicional de 17 meses. Posteriormente, la Municipalidad de Vitacura presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones con el fin de revocar el fallo de primera instancia y rechazar la demanda del concesionario.
Julio Riutort, gerente general de la firma, expresó su preocupación por el futuro del centro gastronómico, dado que el plazo de concesión está programado para finalizar en febrero de 2025. Riutort indicó que el municipio no ha mostrado disposición para llegar a un acuerdo ni ha iniciado el proceso de licitación correspondiente. En una entrevista con Diario Financiero, Riutort comentó sobre la situación actual: “Desde el punto de vista de la municipalidad, porque están obligados a apelar por ser servicio público. Desde el punto de vista nuestro, indudablemente ante una sentencia de primera instancia tan contundente como la que emitió el juez, en la cual nos concedió todo lo que solicitamos, nos parece que era el tiempo de conversar para poder ejecutar la sentencia. Sin embargo, no hemos encontrado buena recepción.”
Riutort también manifestó su desconcierto ante la actitud de la municipalidad, señalando: “No sabemos por qué están en esta parada. Nos da terror. No entendemos qué es lo que quiere la Municipalidad de Vitacura, no ha hecho bien el cálculo de las consecuencias. El contrato de concesión vence en marzo del 2025. Tenemos que darle certeza jurídica a nuestros operadores y a las familias que trabajan. Es una situación compleja.”
En cuanto a la posibilidad de diálogo, Riutort mencionó que han intentado comunicarse con la dirección jurídica del municipio, pero no han recibido respuestas adecuadas, lo que ha llevado a una situación de silencio total. Por lo tanto, han decidido acelerar el proceso ante la Corte de Apelaciones para que el recurso presentado sea discutido con prontitud.
El gerente general también abordó las implicaciones de no llegar a un acuerdo antes de la fecha de término de la concesión, advirtiendo que “puede ser que BordeRío tenga que cerrar. Si llegamos a esa fecha sin acuerdo y con un juicio abierto, la municipalidad no va a poder tomar posesión efectiva del recinto y tampoco se va a poder licitar. O sea, el polo quedaría botado. ¿Te imaginas? Además, la municipalidad no está en condiciones de asumir el costo de mantención de este centro.”
Ante este posible escenario, Riutort afirmó que están enfrentando una gran incertidumbre, pero confían en la solidez de su contrato, respaldado por el fallo del tribunal que les otorgó 17 meses adicionales para administrar BordeRío. “Pensamos que eso es suficiente como para continuar administrando BordeRío, esperamos que la Corte tome eso en consideración.”
Sin embargo, también reconoció que los procesos judiciales pueden ser prolongados, lo que hace que deseen acelerar las negociaciones y llegar a un acuerdo con la municipalidad. Durante los últimos meses, han surgido rumores sobre el futuro de BordeRío, incluyendo la posibilidad de que el centro se convierta en sede de programas municipales como Vitacultura y Vitamayor, así como la idea de que las instalaciones sean gestionadas directamente por el municipio.
Riutort indicó que, aunque la municipalidad ha evaluado estas opciones, su intención parece ser la licitación de BordeRío para que un privado asuma su gestión. Al respecto, comentó: “Según la conversación que tuvimos con la alcaldesa, para modificar la estructura que tiene BordeRío se debería demoler entre el 20% y el 30% de la estructura existente, debido a los nuevos reglamentos de construcción. Entonces lo más conveniente es la licitación.”
Finalmente, Riutort expresó el deseo de la firma de participar nuevamente en la gestión del centro, afirmando que “este centro comercial se ha acreditado en Santiago, es muy conocido y valorado. Nos gustaría seguir ahí. Además, los locatarios quieren mantenerse.”
La situación también genera inquietud entre los locatarios de BordeRío, quienes están preocupados por la inminente finalización de la concesión. Riutort destacó que cerca de 1.000 personas podrían perder su empleo si el centro cierra, subrayando la responsabilidad social que tiene la municipalidad en este contexto.
