El gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, acusa a la oposición de colaborar con el Tren de Aragua, a pesar de haber declarado su desmantelamiento.
El gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha realizado acusaciones en contra de la oposición, señalando que esta mantiene conexiones con el Tren de Aragua con el objetivo de fomentar la violencia en el país. Esta afirmación se produce a pesar de que anteriormente el gobierno había declarado haber desmantelado a esta organización criminal.
En septiembre de 2023, el gobierno venezolano tomó el control militar del penal de Tocorón, que era el centro de operaciones del Tren de Aragua. Tras esta intervención, las autoridades anunciaron que habían “desmantelado totalmente” la banda. El canciller Yván Gil llegó a calificar la existencia del Tren de Aragua como una “ficción mediática”, en respuesta a los informes que indicaban que la banda continuaba activa fuera de las fronteras de Venezuela.
Sin embargo, la situación dio un giro tras las elecciones del 28 de julio, donde Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años, en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición. En este contexto, el gobierno ha sostenido que el Tren de Aragua sigue operando y que su líder, Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como ‘El Niño’ Guerrero, es un agente de Estados Unidos.
Maduro afirmó que ‘El Niño’ Guerrero estuvo involucrado en los actos de violencia y desorden que ocurrieron entre el 29 y el 31 de julio, en el marco de las protestas contra su reelección, las cuales fueron reprimidas con dureza, resultando en la detención de aproximadamente 2.400 personas, muchas de las cuales fueron encarceladas en Tocorón. El mandatario también acusó a la CIA de haber “captado” a Guerrero, sugiriendo que el operativo internacional que lo declaró terrorista era parte de una estrategia para chantajearlo y forzarlo a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en acciones contra Venezuela.
El Tren de Aragua, que se originó en la cárcel de Tocorón en el estado de Aragua, ha ganado notoriedad en la última década. Con una membresía que se estima en alrededor de 5.000 personas, la banda se involucra en diversas actividades delictivas, incluyendo extorsión, sicariato, narcotráfico, prostitución, trata de personas y minería ilegal. Además, ha diversificado sus operaciones hacia negocios legales y ha expandido su influencia a otros países de la región, como Colombia, Perú y Chile, así como a Estados Unidos, donde las autoridades han ofrecido recompensas significativas por información que conduzca a la captura de sus líderes.
