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Filtraciones en el Caso Monsalve: ¿quiénes son los funcionarios involucrados en el acceso no autorizado?

Arista por filtraciones: 75 funcionarios de Fiscalía acceden sin autorización a causa.
Arista por filtraciones: 75 funcionarios de Fiscalía acceden sin autorización a causa.

Un análisis reciente ha revelado que un grupo de aproximadamente 75 funcionarios del Ministerio Público accedió sin autorización a la causa de Manuel Monsalve durante los días 17 y 18 de octubre, cuando esta aún era considerada reservada. Esta información forma parte de una investigación más amplia sobre filtraciones en el caso, que ha sido transferida por el fiscal nacional, Ángel Valencia, al jefe de la fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén Campos, quien es uno de los fiscales de mayor confianza de Valencia.

Detalles de la investigación

Inicialmente, la investigación había sido asignada a José Morales, quien es el jefe de la fiscalía Santiago Norte y un excandidato a fiscal nacional. Sin embargo, el 11 de noviembre, el fiscal nacional decidió cambiar de persecutor, a pesar de que Morales ya había llevado a cabo varias diligencias y tomado declaraciones. La causa fue entonces transferida a Marcos Pastén, quien asumió el control de la misma.

El fiscal Xavier Armendáriz envió un correo el 13 de noviembre a Pastén y al director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, en el que se detallaba la identidad de los cerca de 75 funcionarios que accedieron a la causa de Monsalve en las fechas mencionadas. Este acceso se registró por primera vez a las 12:10 del 17 de octubre, solo cinco minutos después de que el diario La Segunda publicara que Monsalve estaba siendo investigado por delitos sexuales.

Accesos y operaciones

El listado de accesos también incluye información sobre la naturaleza de la operación realizada por cada funcionario al ingresar a la causa, especificando si accedieron a la ficha del caso, a documentos específicos o si obtuvieron otros roles internos del tribunal (RIT) relacionados. Aunque los funcionarios mencionados en el listado no necesariamente cometieron un delito, son considerados un foco de la investigación por posible revelación de secretos.

Paralelamente, esta lista ha sido distribuida a todas las fiscalías regionales del país para que se inicien investigaciones administrativas con el fin de determinar si hubo irregularidades en el acceso a la causa de Monsalve. Según lo indicado por Valencia, se han abierto más de 25 indagatorias a nivel nacional, abarcando funcionarios de diversas fiscalías metropolitanas y regionales, incluyendo La Araucanía, Coquimbo, Biobío, Los Lagos, Atacama y Ñuble.

El 25 de octubre, la Fiscalía de Coquimbo anunció la desvinculación de dos funcionarios por haber ingresado sin autorización a la causa de Monsalve. Desde el Ministerio Público se aclaró que estas personas no renovaron su contrato de honorarios, y que “nadie de planta ha sido desvinculado”.

Implicaciones legales

En el correo enviado a Eugenio Campos, Armendáriz también mencionó que había informado a Valencia sobre hechos que podrían constituir delitos, en los que se habría visto involucrado un fiscal adjunto, lo que podría implicar un eventual delito de revelación de secretos en relación con la causa contra Monsalve. El fiscal de Valparaíso, Maximiliano Krause, fue mencionado en este contexto, ya que declaró que había compartido sus claves de acceso con funcionarios policiales.

En su declaración, Krause afirmó: “Tengo autorizada el uso de mi cuenta a lo menos a tres funcionarios policiales, pero especialmente a unos funcionarios policiales con los que trabajo en un foco investigativo sobre perfilamiento de cargas sospechosas por contrabando, droga, armas”. Esta declaración ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad y la confidencialidad de las investigaciones penales en el país.

Desde el entorno de Pastén, se ha enfatizado que los funcionarios que aparecen en el listado no necesariamente están involucrados en la investigación por filtraciones, ya que sus acciones podrían considerarse más como faltas administrativas que penales. En una carta publicada en La Tercera, la abogada de la víctima, María Elena Santibáñez, planteó la inquietud sobre la verdadera naturaleza de la confidencialidad en las investigaciones penales en el país, cuestionando si realmente son secretas o si la normativa que establece tal secreto es solo una ilusión.

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