La Fiscalía de Chile ha confirmado el inicio de una investigación contra la senadora Loreto Carvajal (PPD) tras un reportaje que sugiere su posible implicación en la denominada “Trama Bielorrusa”. Según el abogado Eduardo Lagos, Carvajal habría recibido $300 millones de Yamil Najle para facilitar su nombramiento como Conservador de Bienes Raíces de Chillán.
El reportaje de Ciper, que destapó esta información, se basa en la declaración de Lagos, quien también está vinculado al caso. Aunque Carvajal no ofreció declaraciones a La Segunda, sí se pronunció a través de Ciper, donde rechazó las acusaciones, calificándolas de “absolutamente falsas” y una “canallada destinada a silenciar la verdad”. La senadora, esposa de Gabriel Silber, quien es imputado en la misma causa, añadió que no permitirá que Lagos ni otros imputados la utilicen como “chivo expiatorio” debido a la colaboración de su esposo con la Fiscalía.
El presidente del PPD, Jaime Quintana, se refirió a la situación, indicando que la información que posee es limitada y que las declaraciones de Carvajal sugieren que las acusaciones podrían ser una “revancha” por la cooperación de su esposo en la investigación.
La indagatoria se enmarca en un contexto más amplio de corrupción y tráfico de influencias en Chile, donde la Fiscalía ha intensificado sus esfuerzos para esclarecer los vínculos entre políticos y actividades ilícitas. La situación de Carvajal se suma a otros casos que han sacudido la política chilena en los últimos años, generando un clima de desconfianza hacia las instituciones públicas.
En otros temas, el régimen iraní ha adoptado medidas tras las lecciones aprendidas de un reciente conflicto, mientras que la ex ministra de la Corte Suprema se excusó de entregar su teléfono tras un asalto, aunque la investigación desechó su relato. Además, los incendios forestales en Chile han pasado de ser una emergencia puntual a un riesgo estructural, evidenciando la necesidad de decisiones coordinadas y sostenidas en el tiempo para abordar el problema.
