La nueva tabla de remuneraciones del Estado, que entrará en vigencia en marzo de 2026, podría complicar el reclutamiento de altos funcionarios en el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, en medio de tensiones internas por la conformación de su gabinete.
El presidente electo enfrenta múltiples desafíos, entre ellos la necesidad de formar un equipo ministerial en un contexto de “gallitos” entre asesores y filtraciones de nombres. Sin embargo, un aspecto menos visible pero crucial es la implementación de un nuevo esquema salarial que afectará a subsecretarios, delegados presidenciales y asesores. Esta tabla de remuneraciones, establecida por la Comisión de Remuneraciones, presidida por el exministro de Hacienda Felipe Larraín, fijará bandas salariales obligatorias para el sector público, buscando corregir distorsiones históricas en los sueldos.
La reforma, que se originó en la Ley 21.603 promulgada en 2023 durante el gobierno de Gabriel Boric, tiene como objetivo regular las remuneraciones en la alta dirección pública y abordar áreas problemáticas como las asesorías y contrataciones a honorarios. La nueva normativa, que se aplicará por cuatro años, establece escalas salariales que, según fuentes cercanas al presidente electo, podrían resultar poco atractivas para los profesionales que se espera reclutar desde el sector privado. Algunos sondeos informales indican que las nuevas rentas podrían implicar reducciones de entre el 20% y el 30% en comparación con las remuneraciones actuales, lo que ha generado preocupación en el entorno de Kast.
Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se ha instado a la calma, afirmando que es prematuro hablar de una posible escasez de candidatos, ya que el interés por participar en el gobierno aún no se ha traducido en decisiones concretas. La nueva tabla de remuneraciones también busca cerrar la brecha salarial entre el sector público y privado, que se ha acentuado en los cargos de mayor jerarquía. Un ejemplo de esta disparidad es el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, quien actualmente percibe más de $8 millones mensuales, superando incluso el salario del presidente Boric.
La normativa establece categorías salariales para asesores ministeriales y de reparticiones públicas, dividiéndolos en tres niveles: senior, asesor de comunicaciones y asesor junior, según su experiencia y formación. La Comisión de Remuneraciones ha enfatizado que las nuevas escalas deben cumplirse estrictamente a partir de marzo de 2026.
El cientista político Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, considera que el nuevo sistema no provocará una fuga de asesores, sino que cambiará los estándares de selección, exigiendo mayor trayectoria y experiencia en gestión pública. Por su parte, Patricia Arriagada, vicepresidenta de la Comisión de Remuneraciones, ha señalado que el objetivo de la nueva tabla no es reducir salarios, sino regularizar distorsiones existentes y establecer un sistema que refleje la importancia y responsabilidad de cada cargo.
La implementación de esta nueva estructura salarial será supervisada por la Contraloría General de la República, asegurando el cumplimiento de las nuevas normativas en el próximo gobierno.
