La Corte Suprema de Chile ha decidido rechazar un recurso de casación presentado por un particular, en relación a una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había confirmado la decisión de primera instancia de no dar curso a una demanda ejecutiva contra el Fisco, basada en un supuesto incumplimiento de una sentencia dictada en sede de protección.
El origen del conflicto se remonta a una demanda ejecutiva interpuesta contra el Fisco, fundamentada en el incumplimiento de una resolución emitida por la Corte de Antofagasta. Esta resolución ordenaba a la Comisión Médica Central anular una decisión previa y emitir un nuevo pronunciamiento tras revisar antecedentes y realizar evaluaciones médicas. La parte demandante argumentó que, a pesar de que se había informado de un aparente cumplimiento mediante la retrotracción del procedimiento, no se habían llevado a cabo acciones concretas en un tiempo razonable, lo que hacía que la obligación fuera exigible.
Sin embargo, el tribunal de primera instancia determinó que no procedía la ejecución, al considerar que la sentencia invocada no contenía una obligación actualmente exigible, dado que no se había establecido un plazo para su cumplimiento. Esta decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
En respuesta a esta confirmación, el demandante presentó un recurso de casación en el fondo, argumentando que la sentencia impugnada violaba varios artículos del Código de Procedimiento Civil. En su alegato, sostuvo que la sentencia en cuestión, al ser una obligación de hacer derivada de una sentencia firme, no estaba sujeta a condiciones o plazos, y por lo tanto, debía proceder la ejecución. Criticó que los jueces del fondo impusieran requisitos adicionales que no estaban contemplados por la ley, lo que, según él, vulneraba el principio de legalidad procesal y el derecho a la tutela judicial efectiva.
La Corte Suprema, al revisar el caso, se centró en determinar si la sentencia invocada como base para la ejecución cumplía con los requisitos de un título ejecutivo, según lo estipulado en el Código de Procedimiento Civil. La Corte aclaró que no es suficiente que exista una sentencia firme; es necesario que de su contenido surja una obligación clara y exigible. En este sentido, la Corte examinó la naturaleza de la sentencia dictada en sede de protección, señalando que esta ordenaba a la autoridad administrativa realizar una serie de actuaciones complejas, las cuales no estaban descritas de manera precisa y dependían de la discrecionalidad de la autoridad competente.
La Corte también observó que, aunque los jueces de instancia pudieron haber cometido un error al considerar que la falta de un plazo para el cumplimiento de la obligación impedía su exigibilidad, este error no afectaba el resultado del fallo. El obstáculo principal para admitir la ejecución radicaba en la falta de claridad sobre la obligación contenida en la sentencia, ya que las prestaciones ordenadas no podían ser ejecutadas coercitivamente ni suplidas por el juez en caso de incumplimiento.
Finalmente, la Corte Suprema desestimó el recurso de casación, reafirmando que la sentencia invocada no podía ser considerada como un título ejecutivo conforme a las exigencias del ordenamiento procesal. Además, se destacó que la sentencia en cuestión, al haber sido dictada en el contexto de un recurso de protección, tiene una naturaleza cautelar y no se clasifica como una sentencia definitiva o interlocutoria, lo que refuerza su inaplicabilidad como título ejecutivo.
