Un nuevo escándalo ha emergido en el ámbito político chileno, involucrando a Irina Karamanos, quien fue la última Primera Dama del país. Este incidente se enmarca dentro del denominado Caso Convenios, que ha suscitado atención debido a la aparición de cinco depósitos bancarios sospechosos relacionados con ProCultura, una de las organizaciones implicadas en la investigación por malversación de fondos públicos.
Los depósitos en cuestión se realizaron entre el 2 de agosto de 2021 y el 3 de enero de 2022, un periodo que coincide con la campaña presidencial en la que Karamanos prestó servicios en el proyecto titulado “Recreo ¡Nos gusta el arte!”, el cual fue financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap). Según el medio El Mostrador, que dio a conocer la investigación, los peritos han identificado un patrón de irregularidades en las transferencias hacia la fundación. En su informe, se menciona que “los peritos detectaron un patrón de anomalías. Había movimientos que, debiendo ser cargos a la cuenta corriente por conceptos de gastos, estaban ingresados como abonos, vale decir, como depósitos a favor de ProCultura”. Esta situación podría sugerir una “eventual devolución de dineros por parte de los prestadores de servicios de la fundación investigada”, lo que fortalecería una de las hipótesis centrales sobre el financiamiento ilegal en el ámbito político.
El informe también indica que la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones recomendó que Irina Karamanos fuera citada a declarar en calidad de imputada. Sin embargo, la investigación fue posteriormente reasignada al fiscal Patricio Cooper, lo que resultó en una paralización de las diligencias.
En respuesta a las inquietudes generadas por este caso, la Fiscalía Regional de Coquimbo emitió un comunicado en el que se afirma que existe una investigación activa. En el comunicado se detalla que “en la causa por el delito de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias conocida como ‘caso Procultura’, asignada al actual Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, está siendo desarrollada con la objetividad y profesionalismo que obliga al Ministerio Público en su tarea de dirigir la investigación de hechos que podrían revestir carácter de delito”.
Desde la designación del fiscal Patricio Cooper Monti para esta causa el 26 de junio de 2024, la Fiscalía Regional de Coquimbo ha constituido un equipo preferente que incluye a tres fiscales adjuntos, tres abogados asistentes y dos analistas criminales. Este equipo es responsable de gestionar las labores de investigación en colaboración con la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones de Chile, el mismo equipo que trabajó anteriormente con el fiscal que llevó a cabo las diligencias iniciales, asegurando así la continuidad de la investigación y el desarrollo oportuno de las acciones necesarias.
Finalmente, la Fiscalía Regional de Coquimbo enfatizó que “hace presente que los avances de una investigación penal compleja como la referida a fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias, no pueden ser interferidos por intereses que no dicen relación con los aspectos técnicos de la causa y que en definitiva responden a otras contingencias”.
