La Corte de Apelaciones de San Miguel ha dictado este viernes 7 de marzo una orden de prisión preventiva para los carabineros A.D.P.B. y C.A.P.F., quienes están imputados por los delitos de extorsión, cohecho y amenazas condicionales, presuntamente cometidos en enero de 2024 en la comuna de Melipilla.
Revocación de la decisión del Juzgado de Garantía
El fallo de la Tercera Sala del tribunal de alzada, que está compuesto por los ministros María Carolina Catepillán Lobos, María Teresa Díaz Zamora y Carlos Farías Pino, revoca la decisión anterior del Juzgado de Garantía de Melipilla. En una audiencia previa, este juzgado había rechazado la solicitud de prisión preventiva que había sido presentada por el Ministerio Público. La Corte argumentó que la libertad de los imputados representa “un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Detalles de los hechos investigados
De acuerdo con el Ministerio Público, los incidentes ocurrieron entre el 5 y el 12 de enero de 2024, afectando a conductores de transporte de pasajeros en Melipilla, quienes fueron víctimas de extorsión y amenazas por parte de los carabineros.
El 5 de enero de 2024, alrededor de las 21:30 horas, la víctima F.D.G., un ciudadano boliviano, fue fiscalizado en la intersección de Fleck con Hurtado por los imputados. En este contexto, el cabo C.A.P.F. le sustrajo $1.200.000 en efectivo, mientras que el teniente A.D.P.B. revisó sus documentos y, a pesar de que el conductor no poseía licencia profesional, no lo detuvo debido al dinero que había sido sustraído.
Tres días después, el 8 de enero, en un estacionamiento de Melipilla, el mismo cabo C.A.P.F. volvió a interceptar a F.D.G., exigiéndole $40.000 bajo la amenaza de detenerlo si no accedía al pago.
En la misma fecha, otra víctima, R.Z.A., también de nacionalidad boliviana, fue fiscalizada en Camino Viejo con calle Ortúzar. En esta ocasión, el teniente A.D.P.B. le informó que tenía una causa judicial pendiente y que sería detenido por 21 días, a menos que entregara dinero. Inicialmente, R.Z.A. ofreció $300.000, pero los imputados rechazaron esta cifra y acordaron finalmente un pago de $1.500.000.
Los carabineros se trasladaron al domicilio de R.Z.A. para retirar el dinero, donde este logró entregar $950.000 y, posteriormente, consiguió $50.000 adicionales para completar el pago.
Días después, el 12 de enero, el teniente A.D.P.B. llamó a la pareja de R.Z.A., L.C.Q., exigiendo los $500.000 restantes, advirtiéndole que si no pagaba, su pareja sería detenida.
Argumentos de la Corte sobre la prisión preventiva
En su resolución, la Corte de Apelaciones de San Miguel argumentó que la libertad de los imputados representa un riesgo para la seguridad pública, considerando los cargos que enfrentan al momento de los delitos, la forma en que actuaron y la gravedad de los ilícitos.
El fallo establece: “Se revoca la resolución apelada dictada en la audiencia de seis de marzo de 2025 por el Juzgado de Garantía de Melipilla, que denegó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y se declara que los imputados quedan sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva”.
Con esta decisión, ambos funcionarios de Carabineros permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación, que busca determinar la responsabilidad penal de los acusados en los hechos denunciados.
