La Contraloría General de la República de Chile ha emitido un pronunciamiento sobre la legalidad del financiamiento aprobado por el Gobierno Regional de Aysén para el Proyecto de Ampliación del Muelle N° 1 de la Empresa Portuaria Chacabuco, aclarando el marco jurídico que rige la transferencia de recursos públicos a empresas estatales.
Este pronunciamiento se originó tras una denuncia presentada por la Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G., que cuestionó la legalidad del acuerdo del Consejo Regional del GORE de Aysén. La denuncia alegaba, entre otros puntos, la falta de publicación del Plan Maestro de la empresa portuaria y una posible infracción a las restricciones establecidas en la Ley N° 19.542, que regula el sector portuario estatal.
En respuesta a la solicitud de informe, el Gobierno Regional de Aysén aclaró que no se ha realizado ninguna transferencia de recursos hasta el momento. Detalló que el proyecto fue incluido en el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas con un monto total de $37.452.000, conforme al acuerdo del Consejo Regional, y que su ejecución está sujeta a la aprobación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y de la Dirección de Presupuestos. Además, el Gobierno Regional aseguró que la iniciativa cumple con los requisitos del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, lo que implica que debe someterse al Sistema Nacional de Inversiones y contar con una evaluación técnico-económica favorable.
Por su parte, la Empresa Portuaria Chacabuco defendió el financiamiento aprobado como una inversión pública legítima, respaldada por la Ley de Presupuestos y los principios de descentralización y desarrollo territorial, rechazando la idea de que se trate de un subsidio encubierto. En este sentido, la Dirección de Presupuestos, el Sistema de Empresas Públicas y la Subsecretaría de Transportes confirmaron que los gobiernos regionales están legalmente habilitados para celebrar convenios de programación con empresas públicas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
La Contraloría, al analizar el marco normativo, recordó que los gobiernos regionales tienen la facultad de diseñar, aprobar y ejecutar proyectos de inversión regional, así como de decidir sobre la destinación de los recursos que les corresponden, de acuerdo con la Ley N° 19.175. También subrayó que las empresas portuarias estatales, como la Empresa Portuaria Chacabuco, poseen personalidad jurídica de derecho público y pueden recibir recursos asignados por la Ley de Presupuestos.
En este contexto, la Contraloría concluyó que no hay impedimento legal para que el GORE de Aysén apruebe la transferencia de recursos al proyecto de ampliación del muelle, siempre que se realice a través de los convenios correspondientes y se cumplan los requisitos establecidos en la normativa presupuestaria. Aclaró que la aprobación del financiamiento no constituye, por sí sola, una infracción a la prohibición del artículo 20 de la Ley N° 19.542, dado que no se ha verificado una transferencia efectiva de fondos.
Asimismo, la Contraloría indicó que los actos administrativos que materialicen la transferencia deberán someterse al trámite de toma de razón cuando superen el umbral establecido en la Resolución N° 36 de 2024, momento en el cual se evaluará el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos.
Finalmente, el dictamen confirmó que el Plan Maestro de la Empresa Portuaria Chacabuco está publicado en su sitio web institucional, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 19.542.
