
En San José de Mariquina, región de Los Ríos, comunidades mapuches han expresado su rechazo a la consulta indígena relacionada con un nuevo sistema de tierras, sumándose a otras comunas que también han mostrado su desaprobación hacia la propuesta de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
La propuesta, que busca facilitar la compra de tierras al mundo indígena mediante una metodología sugerida por la Comisión, ha quedado sin el respaldo de las comunidades, lo que marca una diferencia con lo ocurrido en localidades como La Unión, Futrono, Panguipulli y Coñaripe, donde también se ha rechazado la iniciativa.
En contraste, en las comunas de Paillaco y Lanco se ha llevado a cabo la primera reunión del proceso consultivo, y se está organizando una segunda reunión para continuar el diálogo.
El delegado Presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, quien actúa como vocero del proceso consultivo, ha indicado que cada caso ha sido único y ha calificado el desarrollo de las consultas como positivo, en conformidad con lo que establece la consulta indígena.
Alvial también ha mencionado que se continuará con las reuniones en Paillaco y Lanco. Para aquellas comunidades que han decidido no participar en el proceso, se llevará a cabo un diálogo adicional a través de la Comisión de Seguimiento, con el objetivo de evaluar la posibilidad de retomar la instancia con las comunidades que han manifestado su rechazo durante esta fase de planificación. Este proceso completo está programado para culminar en marzo de 2026.
En caso de que la propuesta del nuevo sistema de tierras sea rechazada a nivel nacional, todos los esfuerzos y recursos invertidos hasta ese momento se verían limitados, dado que la Consulta Indígena se considera una respuesta institucional a una demanda del pueblo indígena, y no una imposición. Esta aclaración fue realizada previamente por Fabián Salas, encargado nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
Si la propuesta es aprobada, el nuevo sistema podría adoptar la forma de un estatuto especial, un anexo o un título dentro de la Ley Indígena, dependiendo de cómo se presente el proyecto de ley ante el Congreso Nacional.