La Comisión de Hacienda del Senado de Chile ha finalizado el despacho de un proyecto de ley destinado a fortalecer la prevención de incendios forestales y rurales, en un contexto marcado por los devastadores incendios que han afectado las regiones de Ñuble y Biobío.
La iniciativa, que fue discutida con carácter de urgencia tras la solicitud del Ejecutivo, busca mejorar la estrategia de prevención de estos siniestros en el país. La presidenta de la Comisión, senadora Ximena Rincón, destacó que, aunque se ha avanzado en el despacho del proyecto, este no aborda la persecución de los responsables de los incendios ni proporciona mayores recursos a la fiscalía para tal fin. Rincón enfatizó que estos temas deben ser tratados en una legislación separada, subrayando que “lamentablemente, como lo hemos dicho tantas veces, no aborda la persecución a los culpables de los incendios”.
La senadora también mencionó que la Comisión analizó el proyecto en al menos seis ocasiones, pero que no había sido priorizado anteriormente por el Ejecutivo en la agenda legislativa. Se anticipa que, una vez aprobado, el proyecto entrará en vigencia el próximo año, ya que no incluye recursos para el actual ejercicio presupuestario.
El senador Ricardo Lagos, por su parte, resaltó la importancia de despachar el proyecto con prontitud, afirmando que “puede marcar una diferencia” en la prevención de incendios. Sin embargo, también expresó preocupaciones sobre las implicaciones financieras para los pequeños propietarios y el papel del Estado en la implementación de las nuevas obligaciones de prevención.
El proyecto propone nuevas herramientas y un mecanismo ágil para incluir zonas de interfaz urbano-rural en los planes de ordenamiento territorial, así como la definición de áreas de amortiguación. Esto tiene como objetivo reducir los riesgos mediante el manejo obligatorio de la vegetación y la creación de cortafuegos.
Durante la sesión, se votaron 20 artículos relacionados con la competencia de la Comisión, basándose en un nuevo informe financiero del Ministerio de Hacienda y en las indicaciones del Ejecutivo sobre el régimen sancionatorio. Las modificaciones incluyeron la reducción de los topes máximos de las multas, que pasarán de 2 mil a mil unidades tributarias mensuales para infracciones graves, y de 5 mil a 3 mil para infracciones gravísimas. Esta reducción generó un amplio debate, ya que los legisladores consideraron que no se fortalece adecuadamente la persecución penal de los incendios ni se proporcionan suficientes apoyos económicos para cumplir con las nuevas obligaciones preventivas.
A pesar de las preocupaciones, los senadores coincidieron en la relevancia de contar con esta ley como una herramienta preventiva frente a los incendios forestales y rurales, aunque subrayaron la necesidad de un análisis más profundo de ciertos aspectos de la iniciativa que podrían impactar a los pequeños propietarios, buscando así mayor claridad y equidad en su aplicación.
