Siete funcionarios de Gendarmería y un civil fueron detenidos en la “Operación Torreón”, un operativo que busca desarticular una red de cohecho en centros penitenciarios de la región de Los Lagos, incluyendo el penal ‘Alto Bonito‘ en Puerto Montt.
La investigación, que se ha prolongado durante varios años, se centra en la facilitación del ingreso de elementos prohibidos y drogas al interior de los recintos penitenciarios. Según el jefe regional de la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Lagos, el prefecto inspector Sergio Alvear, uno de los detenidos estaba en el proceso de ingresar al penal cuando fue arrestado. Alvear explicó que los imputados estaban involucrados en la introducción de diversos objetos prohibidos, como teléfonos móviles y diferentes tipos de drogas, lo que ha llevado a la investigación de delitos de cohecho y asociación criminal.
La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer destacó que la operación fue el resultado de un trabajo conjunto entre la PDI y Gendarmería de Chile, que permitió la detención de ocho personas, de las cuales siete son funcionarios activos de Gendarmería. Estos detenidos enfrentarán una audiencia de control de detención el miércoles.
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, calificó la operación como un éxito y reafirmó el compromiso del gobierno para erradicar la corrupción dentro de Gendarmería, señalando que es lamentable que entre los detenidos se encuentren dos dirigentes regionales de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).
Por su parte, la directora (s) de Gendarmería, María Angélica Aguirre, expresó su pesar por la implicación de funcionarios de la institución en este caso, pero subrayó la importancia de llevar a cabo estas investigaciones para mantener la integridad del servicio penitenciario. Aguirre también envió un mensaje de apoyo a la mayoría de los funcionarios que trabajan de manera honesta y comprometida con su labor.
La operación ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y en el ámbito penitenciario, evidenciando la necesidad de continuar con las investigaciones para desmantelar redes de corrupción que afectan la seguridad y el funcionamiento de los centros penitenciarios en Chile.
