Un grupo de diputados chilenos ha presentado una moción para prohibir la maternidad subrogada, argumentando que esta práctica atenta contra la dignidad de las mujeres y los derechos de los niños.
La iniciativa, liderada por el diputado Juan Irarrázaval y respaldada por sus colegas Héctor Barría, Felipe Donoso, así como las diputadas Helia Molina, Francesca Muñoz, Ximena Ossandón y Consuelo Veloso, busca modificar diversas normativas para prohibir cualquier práctica que implique que una mujer lleve un embarazo con el propósito de entregar al recién nacido a un tercero. Los autores de la moción sostienen que la maternidad subrogada reduce a la mujer a un mero instrumento y convierte al niño en un objeto de un contrato, lo que contradice principios fundamentales del ordenamiento jurídico, como el respeto a la dignidad humana y la protección del interés superior del niño.
El proyecto de ley argumenta que la maternidad subrogada genera confusión en los vínculos de filiación y afecta la identidad personal del hijo, además de romper el vínculo afectivo natural que se establece entre la mujer gestante y el bebé durante el embarazo. Desde una perspectiva legal, se enfatiza que la filiación y el estado civil son cuestiones de orden público y no pueden ser objeto de autonomía de la voluntad, rechazando así la noción de un “derecho a tener un hijo” que podría ser exigido al Estado.
Los patrocinantes también advierten que incluso las modalidades de maternidad subrogada presentadas como altruistas han dado lugar a una industria lucrativa que involucra a intermediarios, centros médicos y otros profesionales, exponiendo a mujeres en situaciones vulnerables a riesgos de abuso y explotación. Se menciona el fenómeno del turismo reproductivo, donde personas viajan a otros países para acceder a servicios de maternidad subrogada, lo que ha generado redes organizadas y prácticas abusivas.
La propuesta legislativa incluye la nulidad de pleno derecho de todos los contratos de gestación por sustitución, estableciendo que la filiación materna se determina exclusivamente por el parto. Además, se plantean nuevas figuras penales para sancionar la intermediación y promoción de estas prácticas, especialmente en casos de lucro o aprovechamiento de vulnerabilidades. También se prevén modificaciones en la normativa sanitaria y en la legislación sobre adopción para desalentar estas conductas.
El proyecto, que ha completado su primer trámite constitucional, fue aprobado en general por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y continuará su proceso legislativo en el Congreso.
