Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España expresaron su rechazo a las acciones militares de EE. UU. en Venezuela.
Este domingo, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su “profunda preocupación y rechazo” ante las acciones militares unilaterales llevadas a cabo por Estados Unidos en territorio venezolano, que resultaron en la captura del presidente Nicolás Maduro. En la declaración, los seis países subrayan que estas acciones “contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.
Los gobiernos advierten que estas acciones representan “un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”. En este contexto, recalcan que la crisis en Venezuela debe ser resuelta “exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas”. Además, enfatizan que solo un “proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”.
El comunicado también reafirma el compromiso de América Latina y el Caribe como una “zona de paz”, haciendo un llamado a la unidad regional más allá de las diferencias políticas, en respuesta a cualquier acción que amenace la estabilidad de la región. Asimismo, instan al Secretario General de la ONU y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a utilizar sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional.
Finalmente, los gobiernos expresaron su “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”.
