La Comisión de Hacienda del Senado chileno avanzó en el estudio de la reforma al sistema de pensiones, con la votación de varias indicaciones clave. La iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite legislativo, continuará su análisis el sábado 25 de enero, donde se espera que se resuelva la licitación de nuevos afiliados. Durante la jornada del viernes, los senadores Felipe Kast, Ricardo Lagos Weber, José Miguel Insulza, Javier Macaya y José García Ruminot aprobaron por unanimidad varios aspectos importantes de la reforma.
Pensión Garantizada Universal (PGU)
La Pensión Garantizada Universal se ampliará para incluir a pensionados bajo leyes de reparación, así como a exonerados políticos de las comisiones Valech y Rettig, además de los pensionados de Dipreca y Capredena. El pago de la PGU, que asciende a 250 mil pesos, se realizará de manera escalonada:
- El primer día hábil del sexto mes para los mayores de 82 años.
- El primer día hábil del décimo octavo mes para los mayores de 75 años.
- El primer día hábil del trigésimo mes para los mayores de 65 años.
Cobranza judicial
Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) deberán establecer y financiar un sistema único de gestión de cobranza prejudicial y judicial para las cotizaciones adeudadas. La cobranza judicial será realizada de manera conjunta por las administradoras, que subcontratarán el servicio a través de una licitación abierta. Por su parte, la Tesorería se encargará de las labores de cobranza prejudicial.
Derechos de pensionados por trabajos pesados
Los pensionados por vejez o invalidez que cuenten con cotizaciones tendrán derecho a los beneficios del Seguro Social Previsional, a la edad que resulte de restar a 65 años los años que tenían derecho a rebajar su edad legal para pensionarse por vejez debido a trabajos pesados.
Trabajadores independientes
La reforma también contempla a los trabajadores independientes, cuyos beneficios se integrarán de manera gradual a la ley que actualmente les exige cotizar.
Licitación de nuevos afiliados
La votación sobre la licitación de nuevos afiliados quedó pendiente, aunque se llevó a cabo un extenso debate sobre el papel de la Superintendencia de Pensiones, el aumento de las comisiones y la libertad de elección de los afiliados. El proyecto establece que la Superintendencia licitará los nuevos afiliados a la administradora que ofrezca la menor comisión, priorizando a los afiliados antiguos en la gestión de las cotizaciones obligatorias. Esta licitación se realizará cada dos años y la Superintendencia deberá difundir la información a través de medios masivos.
El proceso de licitación será aleatorio respecto a los afiliados seleccionados, quienes recibirán una comunicación y tendrán la opción de desistirse del cambio de AFP. El traspaso de afiliados se llevará a cabo en un plazo de seis meses. Además, se estipula que las AFP que participen en el proceso no podrán tener más del 25% de afiliados. La comisión deberá permanecer fija por cinco años; de lo contrario, los afiliados serán susceptibles de ser licitados. La reforma también establecerá una nueva institucionalidad: el Consejo Asesor para las Licitaciones.
