El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que se implementará una prohibición de las redes sociales para menores de 16 años en el país. Esta medida busca abordar las preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de los jóvenes en el entorno digital.
Sánchez también destacó que se exigirá a los directivos de las plataformas de redes sociales que asuman responsabilidades legales por las infracciones que ocurran en sus servicios. En este sentido, se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se colaborará con la Fiscalía para investigar posibles infracciones de empresas como Grok, TikTok e Instagram.
Con esta iniciativa, España se une a otros cinco países europeos en la denominada ‘Coalición de los Dispuestos Digitales’, que busca establecer una regulación más estricta y efectiva de las redes sociales. Durante su intervención, Sánchez subrayó la necesidad de recuperar el control sobre estas plataformas, que, según él, se han convertido en “un estado fallido” donde se ignoran las leyes y se toleran delitos. “Nuestra determinación es mayor que su riqueza”, afirmó, refiriéndose al poder de las grandes empresas tecnológicas.
La Comisión Europea, que ha acogido con agrado las medidas propuestas por Sánchez, advirtió que el Gobierno español debe cumplir con la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, evitando imponer “obligaciones adicionales” a las plataformas. Thomas Regnier, portavoz de política digital de la Comisión, enfatizó la necesidad de ser cautelosos y respetar las competencias nacionales en la regulación de la edad mínima para el acceso a redes sociales.
En el contexto europeo, España, junto con Francia, Dinamarca, Grecia e Italia, está liderando el debate sobre la imposición de una edad mínima para el uso de redes sociales, aunque la Comisión ha optado por no legislar al respecto debido a la falta de consenso entre los Estados miembros. Esto deja a cada país la libertad de establecer el límite de edad que considere adecuado.
A pesar de la intención de España de regular el acceso a las redes sociales, aún no está claro cómo se hará cumplir esta nueva normativa. La DSA exige a las plataformas implementar medidas adecuadas para proteger la privacidad y seguridad de los menores, pero les permite cierta flexibilidad en su diseño.
Además, la Comisión ha instado a las plataformas a desarrollar sistemas que verifiquen la edad de los usuarios, especialmente cuando se trata de productos dirigidos a adultos. En este sentido, se ha lanzado una aplicación móvil que permite a las plataformas verificar la edad de los usuarios sin comprometer su privacidad, aunque su uso es voluntario.
Entre las directrices de la DSA, se sugiere que las cuentas de los menores sean privadas por defecto y que no se les añada a chats sin su consentimiento. También se recomienda desactivar funciones como la reproducción automática de vídeos y los sistemas de geolocalización en dispositivos utilizados por menores.
Por último, Sánchez ha manifestado su intención de que los directivos de las plataformas asuman la responsabilidad legal en caso de incumplimiento de la ley, una medida que ha sido solicitada por el Parlamento Europeo, aunque no está contemplada en la DSA. La normativa europea establece que las plataformas no son responsables del contenido generado por los usuarios, a menos que tengan conocimiento de su ilegalidad.
El Gobierno español también se ha comprometido a investigar a TikTok, Grok e Instagram, siguiendo el ejemplo de Francia, aunque la Comisión ha evitado comentar sobre estas investigaciones, señalando que se basan en la legislación nacional de cada país.
