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River Plate inicia acciones legales contra Foster Gillett por estafa en fallido traspaso de Rodrigo Villagra

River Plate demanda a Foster Gillett por el caso Villagra
River Plate demanda a Foster Gillett por el caso Villagra

La dirigencia de River Plate ha iniciado acciones legales contra el empresario estadounidense Foster Gillett y sus intermediarios tras el fallido traspaso del futbolista Rodrigo Villagra. La denuncia penal, que también involucra a Guillermo Tofoni y Juan Manuel Cobián, se basa en los artículos 172 y 173 inciso 11 del Código Penal Nacional, y se presenta por estafa y desbaratamiento de derechos acordados. Esta operación de venta del mediocampista a través de un grupo nunca se concretó, lo que generó un perjuicio económico para el club de Núñez.

River Plate ha decidido accionar legalmente para defender su patrimonio, argumentando que el jugador fue estafado y que la conducta de Gillett se basó en una maniobra fraudulenta premeditada. Desde el club, se explicó a Infobae que “River acciona para defender su patrimonio, porque el jugador fue estafado y defraudado por la conducta de Gillett”.

El empresario Foster Gillett llegó al fútbol argentino de la mano de Sebastián Verón, quien tiene vínculos con el actual gobierno nacional. Gillett había comprometido el pago de alrededor de 11.5 millones de dólares, de los cuales recibiría aproximadamente 9 millones netos. Sin embargo, tras varias semanas de espera sin respuestas, el club decidió tomar medidas judiciales. Durante este tiempo, el futbolista no formó parte de las convocatorias de Marcelo Gallardo y entrenó apartado del plantel.

La denuncia presentada sostiene que la actuación de los empresarios causó graves perjuicios al patrimonio del club. Además, se ordenó un allanamiento en las oficinas de algunos de los implicados, con el fin de obtener domicilios de los involucrados y secuestrar documentación relevante para la causa, según lo difundido por TyC Sports. El caso de Villagra no fue el único involucrado durante el mercado de pases, ya que también se centró la atención en el defensor de Vélez, Valentín Gómez, quien tuvo que regresar al Fortín tras estar fuera del equipo con la esperanza de marcharse al exterior. Desde Liniers, se comunicó que realizaron “contactos y gestiones con el grupo” para lograr que la transacción pudiera concretarse, pero finalmente la operación se diluyó.

Gómez, al regresar a Vélez, apuntó: “Si bien el primer responsable es Gillett, a los dirigentes les costaba nada mandarme el permiso para entrenar”. Anteriormente, Gillett había brindado dinero para abonar la cláusula de rescisión de Cristian Medina, quien fue ubicado en Estudiantes de La Plata. La situación de Villagra, que inicialmente parecía cerrada, llevó a que se desvinculara del plantel y dejara de estar bajo las órdenes de Gallardo. Ante la falta de pago, la transferencia se frustró y se buscó una solución alternativa, vendiéndolo finalmente al CSKA Moscú por una suma considerablemente menor.

Esta situación generó malestar en el Millonario, ya que la demora y el incumplimiento afectaron el valor del jugador y perjudicaron la planificación deportiva del equipo. El secretario general de River Plate, Stefano Di Carlo, fue uno de los primeros en manifestarse públicamente sobre la situación, señalando que “quedamos en una situación atípica, injusta, rara, excepcional”. Además, criticó el manejo del presidente de Estudiantes, indicando que el respaldo a los modelos de Sociedades Anónimas Deportivas genera desconfianza entre clubes. Desde el club remarcan que la frustración no es solo económica, sino también deportiva. Al verse obligado a vender a un precio menor al cierre del mercado, River Plate perdió la oportunidad de recuperar la inversión realizada cuando adquirió al jugador de Talleres de Córdoba por 8 millones de dólares. La intención era cerrar la operación que permitiera garantizar recursos para futuras incorporaciones.

En la presentación judicial, se dio a conocer que se argumenta que los implicados habrían actuado de manera fraudulenta, presentando ofertas financieras que generaron expectativas de pago que no se materializaron. Como parte del proceso, se solicitó la incautación de documentos y dispositivos electrónicos que se consideran pruebas denunciadas.

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