Bajo el lema “la canasta escolar es impagable”, diversas organizaciones sociales agrupadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteros de izquierda, incluyendo al Polo Obrero y la Corriente Clasista Combativa (CCC), llevaron a cabo la primera movilización del año en contra de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei. La manifestación tuvo lugar frente al Palacio de Hacienda, donde los participantes exigieron un Ingreso Familiar Emergente Educativo (IFEE) de $300.000 por cada hijo o hija, así como la restitución de alimentos a los comedores populares.
A pesar de que se trató de una “marcha nacional”, la concentración de personas fue escasa, lo que refleja la crisis que atraviesan los dirigentes que convocan a estas movilizaciones. Además, se observó que la aplicación de un protocolo antipiquetes, implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, ha limitado la capacidad de convocatoria. Este protocolo forma parte de una política de desintermediación de los programas orientados a la población vulnerable, que se desarrolló bajo la dirección de Sandra Pettovello en la cartera de Capital Humano.
Este enfoque busca asistir de manera directa a los beneficiarios, sin la intermediación de los movimientos piqueteros, lo que ha sido denunciado ante la Justicia. Se alega que esta situación ha llevado a que las protestas y manifestaciones se realicen bajo “coacción”, ya que se les ha exigido a los beneficiarios “bajar los planes”, como el ex programa Potenciar Trabajo, que ya no reciben del Estado.
Las acusaciones de presuntos delitos como “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, así como “amenazas coactivas y extorsión”, podrían implicar penas de hasta 15 años de prisión para el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien se encuentra procesado en este contexto.
Con la inminencia del inicio del ciclo lectivo, los manifestantes también exigieron un bono educativo, según se detalla en un comunicado del Piquetero UTEP, que convocó a la movilización desde las 10 de la mañana del martes, respetando el protocolo antipiquetes. Las fuerzas federales de la Policía de la Ciudad tomaron medidas para evitar que las columnas de manifestantes se concentraran y así interrumpieran el tránsito en la Avenida Hipólito Yrigoyen, a 250 metros de la Casa Rosada. La Policía Federal desvió a los manifestantes hacia la Plaza de Mayo.
En el contexto de la movilización, se destacó que más del 60% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y un 18% vive en condiciones de indigencia. En el marco del inicio de las clases, existe una gran preocupación entre las familias de bajos ingresos, ya que muchos padres y madres se enfrentan a la disyuntiva de afrontar un gasto mínimo que supera los $250.000, cuando apenas les alcanza para comer, como se describe en el texto de las piqueteras sociales.
Los integrantes de la UTEP, que incluyen a miembros del Movimiento Evita, Excluidos (MTE) y Barrios de Pie, tenían previsto realizar una “asamblea general”, pero no lograron llevarla a cabo debido a la firme oposición de los efectivos policiales. No se registraron incidentes, lo que se atribuye a la cantidad de uniformados presentes y a la escasa asistencia, una tendencia que se ha repetido en las últimas marchas.
En la mesa de entrada, los manifestantes entregaron un petitorio dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, en el que exigen “un ingreso de emergencia para todos los trabajadores con hijos en edad escolar”. En diálogo con Infobae, Sylvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, explicó: “Nos movilizamos a las oficinas de ANSES en todo el país para exigir lo que es justo para el pueblo”. Saravia agregó: “(Javier) Milei se jacta de haber hecho el ajuste más grande de la historia, pero dice que lo estamos pagando principalmente los jubilados, nuestro pueblo y, en particular, nuestros niños y niñas. Los incrementos en la Asignación Universal por Hijo son insuficientes. Hoy, el 65,5% de los argentinos viven en situación de pobreza y un 19,2% en indigencia. Desde que integramos esta lucha, denunciamos que el costo de la canasta escolar supera los $250.000, cifra inalcanzable para muchos que, además, han dejado de recibir asistencia alimentaria”, afirmó.
Los manifestantes también recordaron que el gobierno ha eliminado alimentos de los comedores populares, lo que ha sido criticado por la ministra de Capital Humano, quien ha ignorado sucesivas intimaciones judiciales. Sin embargo, los manifestantes continúan organizándose y sosteniendo ollas populares gracias a la solidaridad que han conquistado en provincias y municipios, aunque consideran que estas medidas son totalmente insuficientes.
En un comunicado conjunto, se asegura que esta situación ha redundado en el avance de bandas narcos en los barrios, lo que ha generado zozobra y ha contribuido a la descomposición social en estas áreas. Desde el gobierno de Libertad Avanza, se desestimaron los reclamos, y se refirieron a los manifestantes como “los gerentes de la pobreza”, al tiempo que difundieron logros en el área de Capital Humano. Según cifras oficiales, se ha verificado un incremento en los valores de las prestaciones desde diciembre de 2023 hasta enero de 2025, de la siguiente manera: la Prestación Alimentar aumentó un 459%, y el Plan Primeros Mil Días un 1.288%. Desde la Casa Rosada explican que “este fortalecimiento de las transferencias directas ha reflejado un aumento significativo en su cobertura en relación a la Canasta Básica Alimentaria (CBA)”. De este modo, las asignaciones otorgadas por la AUH pasaron de cubrir el 55% en noviembre a un 100,7%.
