La pronta promulgación de una nueva ley que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ha generado un gran interés entre diversas instituciones, especialmente la Tesorería General de la República (TGR). Este organismo, liderado por Hernán Nobizelli, tiene como objetivo asegurar una recaudación de US$ 4.500 millones anuales, lo que representa aproximadamente el 1,5% del PIB de la nueva iniciativa. La TGR trabajará en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas para alcanzar esta meta. Nobizelli ha expresado su confianza en lograr este objetivo, afirmando: “Con la mayor dotación, podremos fortalecer la acción en terreno, con ayuda al contribuyente, pero principalmente en búsqueda de aquellas deudas morosas y contribuyentes contumaces”.
Preparativos de la Tesorería para la nueva ley
La TGR ha delineado tres ejes fundamentales para la implementación de la nueva ley. El primer eje se centra en el contribuyente, con la introducción de medidas transitorias. El segundo eje abarca medidas permanentes que implican acciones internas y coordinaciones con diferentes servicios. Por último, el tercer eje se enfoca en el fortalecimiento y modernización de la gestión de cobro de la Tesorería.
El proyecto contempla un aumento en la dotación de la Tesorería, con la incorporación de 96 nuevos cupos que se implementarán de manera escalonada a partir de 2025. La mayoría de estos nuevos puestos estarán dirigidos a las áreas de cobro de las tesorerías regionales, donde la atención directa al contribuyente es crucial para resolver consultas y gestionar pagos y cobros. Se espera que cerca del 80% de esta nueva dotación se integre en 2025.
Fiscalización y medidas transitorias
Con la nueva dotación, la TGR podrá intensificar su acción en terreno, enfocándose en la asistencia al contribuyente y en la identificación de deudas morosas. Nobizelli ha indicado que, además de la dotación, se implementarán mejoras en la gestión y sistematización de los procesos de notificación, incluyendo la notificación y el embargo electrónico de cuentas corrientes, lo que representa un avance significativo en las acciones de cobro.
La TGR también ha desarrollado medidas transitorias que se basan en su experiencia reciente en alivios tributarios y regularización de deudas. Por ejemplo, se ofrecerá la posibilidad de establecer convenios de pago a 48 cuotas con 100% de condonación de multas e intereses, y en algunos casos, un 0% de pie. Estas condiciones están diseñadas para facilitar la regularización de deudas, beneficiando tanto a PYME como a personas naturales.
Nobizelli ha mencionado que, aunque la norma tiene una vigencia limitada, se está trabajando con el Ministerio de Hacienda para extender el plazo de aplicación de estas medidas, buscando maximizar su alcance. La ley anterior, que estableció un procedimiento similar, tenía un plazo original de seis meses.
Otra medida transitoria relevante es la prescripción de deudas tributarias incobrables, que se aplicará 180 días después de la promulgación de la ley. Esta medida permitirá identificar a las empresas o contribuyentes que puedan beneficiarse de la eliminación de deudas de impuestos generadas hasta el 31 de diciembre de 2013, siempre que cumplan con los criterios establecidos por el tesorero general. Sin embargo, esta facultad no se aplicará al impuesto territorial.
Repatriación de capitales y medidas permanentes
En cuanto a la repatriación de capitales, se ha señalado que el plazo para esta medida es limitado, finalizando a fines de noviembre. Se anticipa que, tras la recepción de la declaración por parte del SII, se realizarán los pagos correspondientes en un plazo de 10 días hábiles después de la notificación del giro. Nobizelli ha destacado que se espera un aumento en la atención al contribuyente, ya que, tras el proceso de pago, el SII tiene un plazo de doce meses para realizar revisiones y auditorías.
Respecto a las medidas permanentes, se han establecido convenios de pago para empresas bajo el régimen PYME, que podrán acceder a planes de pago de hasta 18 meses sin intereses ni multas, con un pie máximo del 5% de la deuda. Para las empresas bajo el régimen general, se ampliará el plazo de los convenios de 24 a 36 meses en casos calificados, donde se podrán solicitar garantías financieras. Además, se reducirá la tasa de interés penal por retraso de deudas, que pasará de 1,5% mensual a una tasa de mercado más un diferencial de 3,5%.
Expectativas de recaudación y el rol de la Tesorería
La recaudación es una de las principales preocupaciones de la TGR. Existe un debate sobre si se alcanzarán los US$ 4.500 millones esperados. Nobizelli ha indicado que, aunque no se realizan proyecciones de recaudación, se gestionan metas internas para maximizar la recaudación, no solo a través de los pagos espontáneos de los contribuyentes, sino también mediante la identificación de aquellos que no cumplen con sus obligaciones. Se ha enfatizado que las metas establecidas en colaboración con el Ministerio de Hacienda son alcanzables, y que el SII también jugará un papel más activo en este proceso.
La TGR tendrá un papel fundamental en el nuevo sistema público de Financiamiento de la Educación Superior (FES), ya que será responsable de la recolección de la retribución para los beneficiarios. Nobizelli ha mencionado que se están preparando para manejar una mayor demanda, gracias a la sistematización de procesos que permitirá una atención más eficiente.
En relación a la cobranza de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), se busca establecer un sistema más ordenado de retribución, con un enfoque más estricto en la cobranza tras la expiración de las opciones de pago ordenado. La TGR ha implementado acciones de cobro que incluyen compensaciones durante el proceso de Operación Renta, y se espera que la notificación electrónica facilite la gestión de cobro y notificación de deudas, incluyendo multas y patentes en mora.
