El secreto profesional, lejos de ser un privilegio exclusivo de los abogados, se erige como un pilar esencial para la protección de los derechos de los ciudadanos en Chile. Este principio asegura que cualquier persona pueda compartir información veraz sin temor a que esta sea utilizada fuera de los cauces legales, lo que a su vez garantiza un derecho de defensa real y efectivo.
Este derecho está respaldado por la Constitución chilena y diversas leyes que refuerzan la inviolabilidad de las comunicaciones y la documentación relacionada con la asistencia legal. En este sentido, los colegios de abogados desempeñan un papel institucional crucial, ya que su función incluye la defensa de la confidencialidad, lo que contribuye a asegurar la independencia y dignidad en el ejercicio profesional. Además, protege a los clientes de posibles vulneraciones por parte de autoridades o terceros.
Recientemente, la difusión de información confidencial en ciertos casos judiciales ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre este principio. En un contexto de creciente polarización, los expertos han enfatizado que la defensa del secreto profesional no está motivada por intereses corporativos o políticos, sino que es una obligación que garantiza que cada persona tenga acceso a una defensa libre, confidencial y eficaz. Este principio debe ser respetado en todos los ámbitos, incluyendo tribunales, legislación, entornos digitales y empresas.
