El caso del migrante guatemalteco Sebastián Zapeta-Calil, acusado de asesinar a una mujer al prenderle fuego en un tren del metro de Nueva York, ha generado conmoción en la ciudad y ha renovado los debates sobre la seguridad en el transporte público. Zapeta-Calil, un ciudadano que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos, ha sido formalmente acusado por un gran jurado de los cargos de asesinato en primer y segundo grado, así como de incendio provocado. Según explicó la fiscalía del distrito de Brooklyn, el imputado afirmó no recordar lo ocurrido debido a su consumo excesivo de alcohol. “Sin embargo, identificó su rostro en las imágenes relacionadas con el ataque”, señaló el fiscal asistente Ari Rottenberg, citado por USA Today.
Detalles del crimen
De acuerdo con NBC News, el crimen tuvo lugar en la madrugada del domingo 22 de diciembre en un vagón detenido en la estación Stillwell Avenue en Brooklyn, donde la víctima, que presuntamente tenía limitaciones de movilidad, se encontraba durmiendo. Zapeta-Calil utilizó un encendedor para prender la ropa de la mujer y posteriormente “aventó una camisa para avivar las llamas”, detalló Rottenberg en la corte, según lo recopilado por CNN.
Reacciones y medidas de seguridad
El alcalde Eric Adams afirmó que “este tipo de comportamiento depravado tiene que parar en nuestro sistema de transporte”. Las autoridades iniciaron una investigación bajo la hipótesis de un accidente, dado el hallazgo de botellas de licor cerca de la escena, pero más tarde cambiaron la dirección de las pesquisas tras analizar las grabaciones de vigilancia. Los registros mostraron a Zapeta-Calil sentado frente a la víctima antes de iniciar el ataque, observando desde el andén, según News.
Las investigaciones culminaron con la identificación del sospechoso por parte de tres estudiantes de secundaria, quienes lo reconocieron y alertaron a la policía, informó AP. La víctima sufrió “lesiones térmicas e inhalación de humo”, y su muerte fue clasificada como homicidio por la Oficina del Médico Forense de la ciudad.
Vigilia y antecedentes del acusado
En un acto solidario, un grupo de personas realizó una vigilia en honor a la víctima la noche del jueves, tras la tragedia. “Creemos que la oración tiene poder y que su vida importaba”, expresó el reverendo Kevin McCall, quien también llamó la atención sobre el estatus migratorio de Zapeta-Calil, quien fue deportado en junio de 2018 por la Patrulla Fronteriza de Arizona y no ha regresado al país desde entonces, aunque la fecha de su regreso es desconocida.
El fiscal asistente añadió que Zapeta-Calil es un hombre sin antecedentes criminales previos, cuyo último domicilio registrado era un albergue para personas con problemas de adicción en Brooklyn. La detención del acusado ha sido considerada suficiente para calmar las inquietudes sobre la seguridad en el transporte público.
La gobernadora Kathy Hochul anunció el despliegue de 250 miembros adicionales de la Guardia Nacional y aseguró que se han instalado 15,000 cámaras a lo largo del sistema de transporte. Por otro lado, fuentes oficiales defendieron la actuación de un agente que aparece caminando junto a la víctima mientras estaba en llamas, aclarando que “estaba asegurando la escena mientras otros compañeros buscaban extintores”, según Joseph Gulotta, jefe de tránsito del NYPD.
El caso ha sido calificado como “un espantoso ataque contra una persona vulnerable” por el concejal Gonzalez, quien subrayó que las acusaciones presentadas son de máxima gravedad. El cargo de asesinato en primer grado puede implicar una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La oficina del fiscal del distrito también ha expresado que se siente “muy segura de las pruebas que incriminan al sospechoso”.
El próximo paso en el proceso judicial será el 7 de enero, cuando se espera la comparecencia de Zapeta-Calil ante el Tribunal Supremo del Condado de Kings, donde se instruirán los cargos formales presentados por el jurado. Hasta entonces, el acusado permanece en prisión en Rikers Island. Por parte de las autoridades federales, se ha anunciado que emitirán una solicitud para que sea entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una vez que se concluya el proceso penal.
Este caso pone de relieve las evidencias sociales de una larga data sobre la indigencia y los problemas de salud mental en los sistemas urbanos, y refuerza el llamado de la comunidad para fortalecer la seguridad. Estos delitos violentos y la falta de recursos para proteger a los vulnerables subrayan la crisis multifacética que Nueva York deberá seguir enfrentando.
