Un estudiante de 18 años ha sido puesto en prisión preventiva tras ser acusado de llevar a cabo un ataque armado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, ubicado en Calama, región de Antofagasta. Este trágico suceso, que resultó en la muerte de una inspectora del establecimiento, ocurrió el pasado viernes 27 de marzo.
La decisión de la jueza se tomó durante la audiencia de formalización, donde se estableció un plazo de 180 días para la investigación, con una revisión cautelar programada para el 25 de junio de 2026 y un control de plazo el 28 de septiembre del mismo año. Durante esta audiencia, el Ministerio Público presentó una serie de evidencias que subrayan la gravedad del caso y el nivel de planificación del ataque.
El fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, informó que el imputado enfrenta cinco cargos, entre ellos el homicidio de la inspectora, homicidios frustrados e infracciones a la Ley de Armas. Un elemento crucial en la investigación fue un cuaderno incautado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el hogar del joven, en el que se detallaban sus intenciones bajo el título “Día de Ira”. En este documento, el acusado describía la fecha tentativa del ataque y sus motivaciones, que incluían el odio, críticas al capitalismo y una visión misantrópica de la sociedad.
Según Peña, el imputado había planeado inicialmente el ataque para el 15 de mayo, con el objetivo principal de atacar a estudiantes de primero básico, a quienes consideraba un “blanco fácil” para maximizar el número de víctimas. El cuaderno también indicaba que cualquier persona que se interpusiera en su camino sería atacada. El fiscal destacó que el autor del ataque suele ser un miembro de la comunidad educativa, lo que le permite conocer las rutinas y debilidades de seguridad del establecimiento.
Aunque no se ha determinado con precisión cuándo comenzó la planificación del ataque, la Fiscalía argumentó que el nivel de detalle en el cuaderno evidencia una preparación significativa. El tribunal, al considerar que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad pública, ordenó su ingreso a prisión preventiva mientras avanza la investigación.