Diputados de diversas fuerzas políticas han expresado su preocupación por el Plan Nacional de Reconstrucción del Gobierno, que abarca temas tributarios y de seguridad, tras su retraso en la Cámara de Diputados.
El ingreso del Plan Nacional de Reconstrucción, que originalmente estaba programado para el martes pasado, ha sido pospuesto por el Ejecutivo. Esta decisión se tomó para priorizar la discusión de iniciativas relacionadas con la violencia escolar, como la propuesta que permite revisar las mochilas de los estudiantes. Según reporta La Tercera, los ministros del Interior, Claudio Alvarado (UDI), y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), habrían influido en esta postergación, a pesar de las intenciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND).
Alvarado, en su calidad de vicepresidente del comité político, argumentó que la decisión busca fortalecer el trabajo prelegislativo con las bancadas para evitar descoordinaciones dentro del oficialismo. El proyecto, que incluye más de 40 medidas de diversas índoles, ha suscitado críticas, especialmente desde la derecha. El Partido Nacional Libertario, que se autodenomina como una “oposición amigable”, se opone a la inclusión de medidas económicas y de seguridad en un solo proyecto, argumentando que “las leyes misceláneas violentan principios establecidos en la Constitución”, según su presidente, Johannes Kaiser.
La presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, también se mostró a favor de discutir algunas medidas por separado, enfatizando la importancia de que la ley tenga un impacto real en la vida de las personas, generando empleo y dinamizando la economía local.
Diego Schalper, jefe de bancada de Renovación Nacional, aunque comprometido con el proyecto, reconoció la necesidad de reflexionar sobre su contenido y socializarlo con diferentes sectores, incluyendo la oposición. Por su parte, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, sugirió renombrar el proyecto como “de reactivación económica” para evitar confusiones con la reconstrucción tras desastres naturales.
Desde el Partido de la Gente, su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, propuso que el proyecto incluya medidas prioritarias como la reactivación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y la eliminación temporal del IVA en la vivienda, así como en medicamentos y productos de primera necesidad.
El Ejecutivo también ha buscado el apoyo de la Democracia Cristiana, con reuniones entre sus miembros y el ministro García, quienes han expresado su deseo de ser incluidos en el proceso legislativo. Sin embargo, la oposición ha criticado tanto el enfoque misceláneo del proyecto como algunas de sus medidas tributarias.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, manifestó que el Gobierno no ha socializado adecuadamente la iniciativa, lo que podría afectar los derechos de las personas y la recaudación fiscal. El diputado Boris Barrera (PC) acusó al Ejecutivo de intentar implementar una reforma tributaria estructural a través de este proyecto, que combina múltiples iniciativas en un solo marco legislativo.
El Plan Nacional de Reconstrucción contempla una inversión de 2.500 millones de dólares y la construcción de más de 14,000 viviendas a lo largo de 45 años, lo que lo convierte en un proyecto de gran envergadura y relevancia para el país.
