El Plan Calles Sin Violencia, impulsado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, se presentó en 2023 como una estrategia clave para enfrentar la creciente ola de homicidios en Chile. Este proyecto fue anunciado el 6 de abril, justo un día después de que el cabo Daniel Palma perdiera la vida tras recibir disparos durante un operativo policial en Santiago. La iniciativa busca abordar una compleja crisis de seguridad que ha afectado al país en los últimos años.
Objetivos y financiamiento del plan
Los ejes fundamentales del Plan Calles Sin Violencia incluyen la persecución penal, el aumento de patrullajes, el control de incivilidades y la prevención en espacios públicos. Para su implementación, se destinaron $500 millones a las municipalidades que forman parte de esta estrategia, con el objetivo de financiar proyectos de intervención comunitaria. La ejecución del plan fue recibida positivamente por los alcaldes involucrados, quienes esperaban que esta inyección de recursos ayudara a mejorar la seguridad en sus comunas.
División de opiniones entre alcaldes
Sin embargo, a menos de dos años de su lanzamiento, las opiniones entre los jefes comunales, tanto de oposición como del oficialismo, se han vuelto divergentes. Las críticas más recientes se centran en la desigual distribución de funcionarios de Carabineros en las comunas y la efectividad del plan, especialmente a la luz de las cifras de homicidios del último año. A inicios de enero, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, informó que en 2024 se registraron 1.152 víctimas de homicidio, lo que representa una leve reducción del 0,35% en comparación con 2023. Cordero afirmó: “Chile detuvo la tendencia al alza en materia de homicidios”.
Algunos alcaldes, no obstante, cuestionaron esta cifra, argumentando que el Plan Calles Sin Violencia no ha tenido un impacto real en la reducción de homicidios. El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic (Evópoli), expresó: “El plan tiene buena prensa, pero no vemos un impacto real”. Razmilic destacó que, aunque la tasa de homicidios no ha aumentado, tampoco ha disminuido, lo que genera un clima de temor en la población. Además, subrayó que la cantidad de Carabineros en su comuna sigue siendo insuficiente.
Críticas sobre la eficacia del plan
El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), también se mostró crítico, afirmando que el Plan Calles Sin Violencia ha sido un fracaso, dado el aumento en la tasa de delitos violentos asociados a homicidios. White sugirió que es urgente replantear las acciones de seguridad, enfocándose en sectores donde el crimen organizado y el narcotráfico tienen un fuerte control.
La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), también cuestionó la eficacia del plan, señalando que ha sido un proceso de ensayo y error por parte del gobierno, con múltiples reestructuraciones y una deficiencia en los recursos necesarios para su funcionamiento. Corti afirmó: “En recursos sí estaríamos absolutamente hoy deficientes”.
Desigual distribución de Carabineros
Uno de los puntos críticos del plan es la distribución de Carabineros en las comunas. La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), indicó que la relación entre criminalidad, población y Carabineros no es equitativa en la Región Metropolitana. Por ejemplo, mencionó que en Vitacura hay 45 Carabineros operativos, mientras que en comunas como Cerro Navia, Renca o Quinta Normal, que tienen poblaciones más grandes y mayores tasas de delitos, hay solo alrededor de 35 Carabineros.
El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (UDI), también criticó el plan, afirmando que su comuna enfrenta un récord de homicidios y que los vecinos viven con inseguridad debido a la baja dotación policial. Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (FA), destacó que, aunque el plan ha permitido una mejor focalización del trabajo policial, no resuelve el problema estructural de la inseguridad, y enfatizó la necesidad de aumentar el presupuesto y la coordinación entre instituciones.
Defensa del gobierno y recursos asignados
A pesar de las críticas, el gobierno ha defendido el Plan Calles Sin Violencia. La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, ha sostenido que el plan no ha fracasado y que ha tenido resultados positivos en varias comunas y regiones, aunque reconoce que en la Región Metropolitana los resultados han sido disímiles. En diciembre de 2024, el gobierno anunció que se trabaja en una actualización del plan, enfocándose en la intervención en barrios específicos afectados por la violencia.
El Plan Calles Sin Violencia incluye una inversión de $500 millones para cada municipalidad que presente proyectos al Programa Mejoramiento Urbano (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Según un registro de la Secretaría de Estado, se presentaron 195 postulaciones, de las cuales 185 ya han recibido los recursos o están en proceso de transferencia, lo que representa un 95% de efectividad en la asignación de fondos. Esto equivale a más de $21.570 millones destinados a programas de mejoramiento e intervención de espacios públicos.
En el caso de la Municipalidad de San Bernardo, el alcalde indicó que han recibido cerca de $450 millones, que han permitido recuperar parques y espacios públicos, aunque considera que esta cantidad es insuficiente para una comuna de gran tamaño. Desde Antofagasta, se mencionó que solo uno de tres proyectos postulados fue aprobado, lo que limita el uso de los recursos disponibles.
El gobierno continúa defendiendo el plan de seguridad, a pesar de los cuestionamientos y las críticas de los alcaldes, y se espera que la actualización del plan aborde las preocupaciones planteadas por las autoridades locales.
