El presidente Gabriel Boric asumió la vocería habitual que corresponde a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, para discutir el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la consolidación del programa Copago Cero en Fonasa. Este hecho, poco común, se interpreta como una estrategia política destinada a resaltar los logros en materia de pensiones y salud, mientras el Ejecutivo se enfrenta al reto de establecer un legado social en la fase final de su mandato.
En este contexto, el presidente Boric se dirigió a la ciudadanía para anunciar el inicio del pago incrementado de la PGU, que ahora asciende a $250 mil. Además, enfatizó que las reformas que se están implementando no son meras promesas para el futuro, sino que representan avances tangibles que ya están beneficiando a la población. “Estamos partiendo con fuerza este mes de septiembre. Muy buenas noticias para los chilenos y chilenas, con certezas en salud, con el aumento para la PGU y con un Gobierno trabajando a toda máquina por mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestro pueblo”, afirmó el mandatario.
Las declaraciones de Boric fueron respaldadas por el senador socialista Gastón Saavedra, quien subrayó que el presidente ha cumplido con su compromiso de aumentar la PGU y de avanzar hacia la gratuidad en la red pública de salud. “Es el legítimo uso de su liderazgo para dar a conocer al país el compromiso que contrajo cuando fue candidato a la presidencia de la República. Ese compromiso se cumplió”, comentó Saavedra.
Sin embargo, a pesar de las afirmaciones del presidente, desde el partido Renovación Nacional, el senador José García Ruminot expresó críticas, sugiriendo que las declaraciones de Boric son más un intento de resaltar logros en la recta final de su mandato que un cambio en su estilo comunicacional. “Tiene muy poco que mostrar. Eso lleva al Presidente de la República a asumir vocerías para mostrar algunos hitos”, indicó García Ruminot.
Finalmente, el senador enfatizó que la PGU no fue una iniciativa del actual gobierno, sino un proyecto que fue impulsado y aprobado en enero de 2022 bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera.
