La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile ha declarado que es “imposible” llevar a cabo las expulsiones de ciudadanos venezolanos que tienen decretos pendientes, debido a la falta de relaciones consulares con el gobierno de Caracas. Esta situación complica los esfuerzos del gobierno de José Antonio Kast por endurecer la política migratoria y acelerar las expulsiones de migrantes irregulares en el país.
Durante una sesión de la Comisión de Gobierno del Senado, el prefecto de la PDI encargado de Migraciones, Ernesto León, expuso que actualmente hay cerca de seis mil venezolanos con decretos de expulsión que no pueden ser ejecutados. León explicó que la principal razón de esta imposibilidad es el quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que impide la identificación de los ciudadanos y su aceptación en su país de origen. “No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan”, afirmó León, añadiendo que los vuelos de expulsión hacia Caracas están suspendidos desde junio de 2025.
Además, León destacó el alto costo que representa para el Estado cada proceso de deportación, que asciende a aproximadamente 3 millones de pesos chilenos por persona. Este costo incluye pasajes aéreos, viáticos para escoltas policiales y logística de seguridad, lo que dificulta la posibilidad de realizar expulsiones masivas, considerando que se estima que hay alrededor de 300.000 migrantes en situación irregular en Chile.
La situación se hizo evidente la semana pasada, cuando el gobierno de Kast llevó a cabo un vuelo de expulsión que incluyó a 40 ciudadanos, pero ninguno de ellos era venezolano. El operativo se limitó a migrantes de Colombia, Bolivia y Ecuador, países con los que Chile mantiene canales de coordinación.
La PDI continúa enfrentando desafíos significativos en la gestión de la migración irregular, mientras el gobierno busca implementar medidas más estrictas en un contexto de relaciones diplomáticas deterioradas.
