2 ahora ex miembros de la PDI fueron sometidos a confinamiento total en sus domicilios tras verse involucrados en una operación contra el narcotráfico encabezada por la Fiscalía Metropolitana Sur, donde, inesperadamente para los investigadores, se presume que asistieron a una banda del crimen organizado de alcance internacional.
La orden de aprehensión contra el ex inspector Camilo Pastor Cárdenas y el ex subcomisario Cristián Acevedo Bórquez fue emitida por el primer Juzgado de Garantía de Santiago.
La indagatoria, a cargo del fiscal de Pudahuel, Daniel Contreras, y respaldada por testimonios de otro arrestado en la misma causa, sugiere que los imputados habrían tenido un rol clave en el tráfico ilícito de sustancias controladas, involucrándose tanto en la importación como en la exportación de las mismas.
PDI informó el despido y formalización de 2 de sus detectives
Tras salir a la luz estos alegatos, la PDI difundió una declaración indicando que “por la gravedad de los hechos, los involucrados serán desvinculados de forma inmediata, independiente de lo que se resuelva en el ámbito judicial”.
En el mismo contexto, la entidad policial subrayó su compromiso total con el cumplimiento de la ley y expresó su repudio hacia cualquier acción que vaya en contra de los principios y el credo de la organización.
Carlos Collao, ex integrante de la PDI, señaló que en situaciones como esta, se procede según un protocolo establecido, el cual es llevado a cabo por una unidad específica dentro de la institución que maneja los temas internos.
“Para investigar este tipo de hechos, la Policía de Investigaciones cuenta con el Departamento Quinto de Asuntos Internos, que son funcionarios capaces de iniciar una investigación por alguna denuncia que haga un tercero, una persona particular o incluso canalizar una investigación que provenga directamente de una Fiscalía”, explicó Collao.
En respuesta a la decisión del primer Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal Daniel Contreras presentó una apelación oral contra la medida cautelar impuesta, motivo por el cual la solicitud de prisión preventiva hecha por el Ministerio Público está pendiente de evaluación por parte de la Corte de Apelaciones de la capital.
