Pamela Zamora, ex jefa del Programa de Derechos Humanos, y otras funcionarias fueron desvinculadas del Ministerio de Justicia, lo que ha generado controversia.
El Ministerio de Justicia de Chile ha anunciado la desvinculación de varios altos funcionarios del Plan Nacional de Búsqueda y del Programa de Derechos Humanos, incluyendo a Paulina Zamora, Tamara Lagos y Magdalena Garcés. Esta decisión fue comunicada por el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, quien explicó que las funcionarias eran de “exclusiva confianza” y que su salida se produjo tras no renunciar después de la salida de Gabriel Boric de La Moneda.
Mira subrayó que la subsecretaría continuará con su política en materia de Derechos Humanos, asegurando que se mantendrán los planes nacionales de búsqueda y derechos humanos. Sin embargo, las funcionarias desvinculadas han calificado esta acción como un “desmantelamiento brutal” de los programas que lideraban. Paulina Zamora, quien estuvo al frente del Programa de Derechos Humanos, destacó que su salida no es casual, dado que el programa gestiona más de 450 causas judiciales relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos.
Zamora también enfatizó que la medida afecta directamente a los familiares de las víctimas que han estado buscando justicia durante más de 50 años, y criticó la falta de apoyo del Ejecutivo en este proceso. Además, aclaró que no eran funcionarias de “excesiva confianza”, ya que su trayectoria en el programa abarca más de 14 años, mientras que sus colegas fueron contratadas a través de concursos públicos.
La controversia se intensifica en un contexto donde el gobierno ha hecho anuncios sobre indultos y liberaciones de responsables de violaciones a los derechos humanos, lo que ha llevado a Zamora a afirmar que estas desvinculaciones son decisiones políticas que no reflejan la capacidad de liderazgo de las funcionarias. El ministro de Justicia también mencionó que existen 20 solicitudes de indultos presidenciales en curso, lo que añade más tensión a la situación actual.
Este episodio se suma a una serie de cambios en el gobierno que han generado críticas y preocupaciones sobre el futuro de los derechos humanos en el país, especialmente en un contexto donde la memoria histórica y la justicia son temas sensibles para muchos chilenos.
