Este miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para analizar un controvertido plan de la administración de Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimiento, un derecho garantizado por la Enmienda 14 de la Constitución desde 1868. Esta enmienda establece que toda persona nacida en el territorio estadounidense tiene derecho a la ciudadanía, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
El plan, que Trump firmó en su primer día de mandato, sostiene que los hijos de inmigrantes indocumentados o de aquellos que se encuentran temporalmente en el país no deberían recibir automáticamente la ciudadanía. Sin embargo, esta orden ejecutiva ha sido bloqueada por jueces federales en varios estados, lo que ha llevado a Trump a buscar una vía legal más sólida a través de la Corte Suprema, donde espera que se desbloqueen los dictámenes que impiden su implementación.
La Corte Suprema está compuesta por nueve jueces, de los cuales tres fueron nombrados por George W. Bush, tres por Donald Trump durante su primer mandato, dos por Barack Obama y uno por Joe Biden, lo que sugiere una mayoría conservadora. El presidente Trump asistirá a la sesión del tribunal, un hecho histórico, y ha expresado su descontento con el sistema judicial estadounidense, afirmando que “el mundo se está enriqueciendo vendiendo ciudadanías a nuestro país” y criticando a los jueces por su ineficacia.
Trump ha argumentado que la interpretación actual de la Enmienda 14 es errónea y que su propósito no era otorgar ciudadanía a los hijos de migrantes indocumentados. En este contexto, ha mencionado el caso de Dred Scott vs. Sandford, un hito en la historia judicial de Estados Unidos que negó la ciudadanía a un esclavo afroamericano, lo que contribuyó a la Guerra Civil. La 13ª Enmienda abolió la esclavitud, mientras que la 14ª garantizó la ciudadanía por nacimiento.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha advertido que una decisión a favor de Trump podría afectar la nacionalidad de hasta 1.2 millones de niños nacidos en Estados Unidos, quienes podrían quedar en una situación de apatridia. La ONG Brennan Center for Justice también ha señalado que la implementación de la orden ejecutiva de Trump podría crear una nueva subclase de personas sin derechos plenos, afectando a cientos de miles de familias en el país.
Se espera que la Corte Suprema escuche los argumentos este miércoles, pero la decisión final podría tardar varios meses en ser emitida. La situación ha generado un intenso debate sobre los derechos de ciudadanía y el futuro de la política migratoria en Estados Unidos.
