Relatores y expertos de la ONU han expresado su preocupación por una nueva ley en Perú que elimina el término “género” del marco jurídico y las políticas públicas, sustituyéndolo por definiciones basadas únicamente en el sexo biológico.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha advertido que esta modificación podría contradecir las obligaciones internacionales del país y disminuir los estándares de protección de los derechos fundamentales. Según los especialistas, esta sustitución terminológica podría invisibilizar las dimensiones sociales y estructurales que alimentan la discriminación, limitando la capacidad del Estado para identificar y abordar patrones complejos de desigualdad.
Los expertos han señalado que problemáticas sistémicas, como los feminicidios y la exclusión de la población LGBTIQ+, podrían ser vistas por las instituciones como eventos aislados, desconectados de sus causas estructurales. Desde el ámbito del derecho internacional, Perú es parte de varios tratados que exigen acciones proactivas contra la desigualdad, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que demanda medidas concretas para erradicar la discriminación y promover la igualdad sustantiva.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha criticado previamente situaciones graves en Perú, como las esterilizaciones forzadas de la década de 1990, calificándolas de actos de violencia sexual y discriminación interseccional. Este contexto resalta la necesidad de respuestas estatales integrales que consideren las múltiples dimensiones de la vulneración, algo que la nueva ley podría obstaculizar.
Desde la sociedad civil, se ha enfatizado que la violencia de género sigue siendo un desafío crítico en Perú. Históricamente, las herramientas de análisis estructural han sido fundamentales para el diseño de políticas de prevención y respuesta. La eliminación de la perspectiva de género podría crear vacíos significativos en el monitoreo de la violencia y debilitar la eficacia de las instituciones encargadas de proteger y hacer justicia a las víctimas.
Los expertos concluyen que para alinear la legislación peruana con los compromisos internacionales en materia de igualdad y no discriminación, es esencial un reexamen del papel del concepto de género en la ley. La colaboración continua entre legisladores y organizaciones de la sociedad civil será crucial para garantizar que los marcos normativos protejan efectivamente a todas las personas frente a la violencia y la discriminación.
