Un grupo de expertos de la ONU ha denunciado que el Gobierno de Nicaragua ha desviado fondos públicos para financiar la represión de la oposición, tanto dentro como fuera del país.
Este martes, el presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, Jan-Michael Simon, presentó un informe que revela cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha utilizado recursos destinados a la asistencia social y otros proyectos para reprimir a sus opositores. Según el informe, desde 2018, año en que estallaron las protestas estudiantiles, se ha creado una “estructura paralela” dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para canalizar estos fondos hacia operaciones de seguridad y grupos armados progubernamentales.
El informe, elaborado a partir de numerosas entrevistas y evidencia documental, también destaca la existencia de una red de vigilancia e inteligencia que se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua. Esta red, que involucra al ejército, la policía y otras autoridades, se utiliza para intimidar y atacar a los nicaragüenses en el extranjero. Se documentan casos de vigilancia digital, hackeo y divulgación de datos personales para silenciar a críticos del régimen.
Además, se menciona al actual co-ministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke Whitaker, quien supuestamente formó parte de un grupo de alto nivel encargado de coordinar acciones de represión transnacional mientras ocupaba cargos diplomáticos entre 2021 y 2023.
Ante esta situación, los expertos de la ONU han instado a la comunidad internacional a establecer un sistema que garantice la rendición de cuentas, dado que Nicaragua ha abandonado varios órganos de la ONU y ha suspendido su colaboración con el Consejo de Derechos Humanos. Este sistema debería incluir la jurisdicción universal, que permite a los tribunales nacionales juzgar crímenes internacionales, así como sanciones selectivas y protección para la población exiliada.
El informe también señala que el gobierno nicaragüense ha despojado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 ciudadanos y ha dejado a miles de exiliados en una situación de apatridia al negarse a renovar sus documentos de identidad, impidiendo su regreso al país.
