A las 13:10 del miércoles 18 de diciembre, dos camionetas Nissan se desplazaron rápidamente por el camino pedregoso que conduce a la faena minera La Fe, ubicada en los cerros de Ocoa, en los límites del Parque Nacional La Campana, en la comuna de Hijuelas. Este movimiento se produjo tras un accidente químico en el interior del pique minero, donde se extraían minerales como oro, plata y cobre. Como resultado del incidente, tres trabajadores de la faena resultaron afectados, y lamentablemente, dos de ellos perdieron la vida debido a la intoxicación, que se sospecha fue causada por monóxido de carbono, aunque esto deberá ser confirmado por las pericias toxicológicas.
Una de las camionetas llegó al Cesfam de Ocoa con los cuerpos de los dos mineros fallecidos y los otros tres afectados. Antes de su llegada, el personal del SAMU había alertado a los funcionarios del centro asistencial sobre el riesgo de contaminación, ya que en ese momento no se conocía la causa de la intoxicación. Tras una discusión con el personal médico, el conductor de la camioneta optó por llevar los cuerpos a la Clínica Los Leones en La Calera, donde se confirmó el deceso de los mineros: Alejandro López Farías de 50 años y Genaro Araya Bórquez de 57 años.
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó que la empresa para la que trabajaban los mineros no contaba con todos los permisos necesarios para operar en la zona. El seremi de Minería de Valparaíso, Jaime Rojas, afirmó que se trataba de una mina irregular. Además, se reveló que las operaciones irregulares en el yacimiento de Ocoa habían sido denunciadas un mes antes del accidente que resultó en la muerte de los dos mineros.
El 7 de noviembre, se presentó una denuncia ante Conaf sobre las actividades de la empresa minera, alertando sobre el posible daño a áreas protegidas y de conservación del Parque Nacional La Campana. En la denuncia se indicaba: “Me dirijo a usted para denunciar las actividades que está realizando una empresa minera en Ocoa”. El fiscal jefe de La Calera, Juan Sebastián de la Fuente, quien lidera las investigaciones para esclarecer las muertes de los mineros, confirmó que el delito que podría configurarse es un cuasidelito de homicidio, aunque se debe establecer el vínculo con quienes los habrían contratado.
El 7 de noviembre, Iván Carvajal, un vecino de Ocoa, presentó una denuncia en Conaf sobre las operaciones de una empresa minera en la zona. En su denuncia, Carvajal expresó que la empresa había adquirido un terreno en Ocoa y había comenzado rápidamente a realizar trabajos de limpieza de caminos y áreas cercanas para acceder a un yacimiento mineral. En su escrito, Carvajal advirtió: “Considero que estas acciones representan una grave amenaza para el ecosistema frágil de la Reserva de la Biósfera de Ocoa, donde tenemos flora y fauna endémicas y constituyen una clara violación a la normativa ambiental vigente”.
A pesar de que el acceso al yacimiento se encontraba en el límite del Parque La Campana, Conaf llevó a cabo una fiscalización y realizó una inspección en el lugar el 13 de noviembre. Durante esta fiscalización, se constató que la empresa mantenía yacimientos y pertenencias mineras registradas en la región de O’Higgins, pero no en Valparaíso. En el informe, Christian Díaz, jefe provincial de Conaf en Quillota, concluyó que “la actividad descrita constituye una infracción a la normativa forestal, por lo que se procederá a notificar de ello al posible infractor y efectuar la correspondiente denuncia al Juzgado de Policía Local competente”.
Desde Conaf, se envió un oficio a Sernageomin solicitando información sobre los permisos que tenía la empresa para operar en la zona, antes de que ocurriera la tragedia. El oficio llegó a las oficinas de Sernageomin el 18 de diciembre, el mismo día en que se produjo la muerte de los dos mineros, solicitando información sobre las concesiones que mantenía la minera para operar en la zona.
Actualmente, se llevan a cabo varias investigaciones en paralelo a raíz del incidente. La empresa, que posee propiedades mineras en Rancagua y Machalí, deberá esperar las sanciones que puedan derivarse de la investigación de Sernageomin, cuyas sanciones más severas pueden alcanzar las 50 UTM. Este año, la cifra de personas fallecidas en accidentes mineros asciende a 11, aunque esta cifra ha disminuido en los últimos años.
