Un juez argentino ha formalizado este miércoles ante la Interpol las solicitudes de captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su vicepresidente, Diosdado Cabello. Esta acción se enmarca dentro de una investigación por crímenes de lesa humanidad, fundamentada en el principio de ‘jurisdicción universal’, según informaron diversas fuentes, incluyendo una ONG y medios de comunicación locales.
La emisión de las órdenes de captura se produce dos días después de que la Cámara Federal de Argentina ordenara el arresto de Maduro bajo el mismo principio de ‘jurisdicción universal’. Este principio permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad sin importar el lugar donde se hayan cometido, así como la nacionalidad de los perpetradores o de las víctimas involucradas. La resolución que solicita la orden de captura establece: “Líbrense órdenes de detención de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello (…) y dispónganse las capturas internacionales de los nombrados, vía Interpol, con fines de extradición, a la República Argentina”, según lo publicado por el portal Infobae, que cita la resolución del juez federal Sebastián Ramos.
El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), que actúa como querellante en este caso, ha instado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a “tramitar las alertas rojas para que sean detenidos los perpetradores de estos crímenes y que pueda haber justicia para las víctimas”.
Las órdenes de captura contra Maduro y su equipo se originan a partir de dos denuncias presentadas en 2023, durante el gobierno del peronista Alberto Fernández. En ese año, la Fundación de George y Amal Clooney (CFJ, por sus siglas en inglés) y, de manera separada, la FADD, denunciaron al gobierno venezolano por violaciones a los derechos humanos ante la justicia argentina, invocando el principio de jurisdicción universal. Posteriormente, ambas querellas fueron unificadas en un solo caso.
En su fallo del lunes, la corte argentina determinó que existe “un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado -cuanto menos– desde el año 2014 hasta el presente”. Esta decisión se hizo pública poco después de que la corte suprema de Venezuela confirmara su propia orden de arresto contra el presidente argentino Javier Milei y otros altos funcionarios de Argentina, también acusados de violaciones a los derechos humanos.
La FADD es una organización no gubernamental de derechos humanos que está compuesta principalmente por políticos e intelectuales argentinos vinculados al expresidente Mauricio Macri, quien ocupó el cargo entre 2015 y 2019. La justicia argentina ha aplicado el principio de jurisdicción universal en varias ocasiones. En 2010, se abrió un caso por crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el régimen de Francisco Franco. En 2021, se inició una investigación sobre las acusaciones de crímenes cometidos por militares birmanos contra la minoría musulmana, y en 2022, se abrió una investigación penal contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
Un caso notable en la aplicación de este principio ocurrió en Chile, cuando en 1998 el exdictador Augusto Pinochet fue detenido en Londres tras una orden emitida por el juez español Baltasar Garzón.
