El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha promulgado una nueva ley que permite imponer cadena perpetua a menores de 12 años que cometan ciertos delitos graves, según la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Esta modificación legal representa un cambio significativo respecto a la anterior Ley Penal Juvenil, que establecía una pena máxima de 10 años de prisión para los menores involucrados en delitos.
La nueva legislación estipula que los menores acusados de delitos, especialmente aquellos con agravantes, deberán ser sometidos a una revisión obligatoria de su pena máxima. Los jueces tendrán la responsabilidad de evaluar la posibilidad de aplicar una pena de cadena perpetua, así como de considerar un régimen de libertad controlada bajo ciertas condiciones. Esta revisión se llevará a cabo cada cinco años, comenzando a partir de 25 años de prisión para los menores, 30 años para los adultos, y 35 años para aquellos condenados por múltiples delitos. En el caso de delitos con agravantes, la revisión se iniciará a partir de los 40 años de prisión.
La reforma también amplía el alcance de la cadena perpetua a delitos graves como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas, aplicándose a menores desde los 12 años. Anteriormente, la legislación permitía penas de hasta 20 años para menores de 16 años y la mitad de esa pena para niños de 12 años.
La iniciativa, impulsada por la administración de Bukele, busca endurecer las sanciones para los delitos más graves y ha sido parte de un esfuerzo más amplio para reformar el sistema penal en El Salvador, donde se ha promovido la idea de imponer “cárcel de por vida a los homicidas, violadores y terroristas“.
Este cambio en la legislación ha generado un debate en la sociedad salvadoreña sobre la efectividad y la ética de aplicar penas tan severas a menores, en un contexto donde la violencia y la criminalidad han sido temas centrales en la agenda política del país.
