El Gobierno de Chile ha anunciado que los vuelos de expulsión de migrantes irregulares se realizarán cada 15 días, comenzando con el primer traslado este jueves desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, ubicado en una pista contigua al Aeropuerto de Santiago.
El vuelo, operado por un Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), despegó a las 07:29 horas y realizó una escala en Iquique, donde se sumaron más migrantes para ser deportados. La aeronave despegó nuevamente pasadas las 11:00 horas, llevando a un total de 40 extranjeros con destinos a Bolivia (17), Ecuador (3) y Colombia (20). Todos los deportados han sido condenados por diversos delitos en el país, incluyendo receptación de vehículos, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, daños simples y porte ilegal de armas.
Las autoridades han indicado que se están evaluando opciones para complementar los vuelos aéreos con traslados terrestres en buses, así como la posibilidad de utilizar vuelos chárter, aunque estos últimos implicarían un mayor costo. Según el diario El Mercurio, el Gobierno tiene asignados $4 mil millones en la Ley de Presupuestos para cubrir los costos de expulsión durante el semestre, con cada deportación costando aproximadamente $3 millones, lo que significa que el vuelo de este jueves tuvo un costo cercano a $120 millones.
En una conferencia de prensa, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, presentó el Plan de Control Migratorio del gobierno, destacando el aumento en la frecuencia de los vuelos de expulsión y en las fiscalizaciones para asegurar el cumplimiento de la Ley Migratoria. “A partir de hoy estará a disposición, a través del Servicio de Migraciones, quincenalmente la información asociada a las personas que deben dejar nuestro país y a las materializaciones de las expulsiones que se deben llevar adelante”, afirmó Pavez.
El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, también mencionó que desde la elección del presidente Kast, han salido voluntariamente del país 2.180 venezolanos, señalando que esta es una tendencia que el gobierno busca fomentar a través de salidas voluntarias.
