El cumplimiento de las proyecciones de ingresos del Estado ha generado nuevamente un intenso debate en torno al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres). Esto se debe a los recortes de gasto de US$ 1.000 millones y US$ 600 millones que se han aplicado para los años 2024 y 2025, respectivamente, con el objetivo de alcanzar las metas presupuestarias del Fisco. A esta situación se suma la reciente recaudación por debajo de lo esperado de la ventana de repatriación de capitales de la Ley de Cumplimiento Tributario, que solo logró recolectar un 15,6% de lo estimado.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, compensó esta baja recaudación con los ingresos superiores a lo proyectado de una ventana transitoria destinada a recaudar fondos para la reconstrucción de Valparaíso, que fue severamente afectada por los mega incendios del verano de 2024. Además, se incluyó el cierre anticipado de juicios tributarios pendientes a cambio del pago de los impuestos adeudados. Gracias a estas medidas, la recaudación total superó los US$ 1.000 millones, superando las estimaciones iniciales.
Sin embargo, esta situación llevó al secretario de Estado a tener que ofrecer explicaciones durante una tensa sesión en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados este lunes. En respuesta a las críticas, Teatinos 120 ha argumentado que no es la única administración que ha enfrentado incumplimientos en sus proyecciones de ingresos, lo que tiene un impacto significativo en el financiamiento de políticas públicas esenciales, como la Pensión Garantizada Universal (PGU).
En este contexto, el ministro Marcel ofició al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para que evalúe si la PGU está efectivamente financiada y si las medidas tributarias legisladas en 2022 para su financiamiento han cumplido con las metas de recaudación. Esta solicitud se produce en medio de críticas por la baja recaudación del impuesto a los bienes lujosos, que formó parte de las medidas para financiar la PGU y que fueron legisladas por el gobierno anterior de Sebastián Piñera en enero de 2022. Este gravamen ha recaudado apenas US$ 33 millones entre 2023 y octubre de 2024, cuando se esperaban ingresos superiores a US$ 100 millones por año.
Algunos legisladores han centrado sus críticas en la actual administración de Teatinos 120, que ha respondido que este tema fue legislado durante la gestión de Rodrigo Cerda como ministro de Hacienda y Cristina Torres como directora de Presupuestos. En relación al impuesto al lujo, el ministro Marcel indicó: “Respecto al impuesto al lujo, fue parte del paquete que se legisló para financiar la PGU en enero del 2022. Esa legislación tuvo serias deficiencias, particularmente en relación al impuesto al lujo, pero no solamente en relación a ese impuesto, sino que varios otros temas que fueron incluidos dentro de ese paquete han tenido problemas posteriormente“.
El secretario de Estado también destacó que no hay ninguna de las medidas tributarias adoptadas en esa ocasión que no haya sido cuestionada en los 24 meses siguientes a su legislación. Además, enfatizó que el impuesto al lujo presentaba “deficiencias serias” en su operativa, las cuales fueron corregidas en la Ley de Cumplimiento Tributario para mejorar su rendimiento. Marcel explicó que el análisis solicitado al CFA se centrará en evaluar el costo de la PGU y su financiamiento, así como los resultados de las medidas tributarias aprobadas para su financiamiento. “Cuando estamos hablando de ajustes en la PGU, es importante que los tengamos lógicamente financiados“, agregó.
El titular de Hacienda relató que al asumir el gobierno en 2022, el recorte del gasto total de más del 23% se complicó debido a la necesidad de hacer espacio para la PGU, que no contaba con un financiamiento adecuado. También se ha requerido hacer ajustes en los años siguientes.
Al momento de ingresar la PGU a trámite a principios de 2022, el Ejecutivo presentó un proyecto con medidas tributarias para su financiamiento. Este incluía un impuesto único del 10% a las ganancias de capital para operaciones bursátiles líquidas, la reducción transitoria por dos años y posterior eliminación del crédito especial de IVA para empresas constructoras, el término de beneficios tributarios para la tercera vivienda en adelante, la afectación con IVA a todos los servicios, excepto en salud, educación y transporte, la creación de un impuesto al lujo sobre vehículos y medios de transporte de alto valor, y la tributación con impuesto a la herencia para seguros de vida.
Al presentar la PGU, se indicó que el costo fiscal de la iniciativa sería de un máximo de 0,95% del PIB entre 2028 y 2034, alcanzando un promedio de 0,92% del PIB en la década de 2040, considerando el envejecimiento de la población en las próximas décadas. Las medidas tributarias buscaban cubrir un 0,35% del PIB en necesidades de financiamiento para la nueva PGU, a lo que se sumaron provisiones ya incorporadas en la Ley de Presupuestos 2022 y holguras presupuestarias, así como la disminución del aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). Este tema fue objeto de debate en el Congreso, donde se criticó que el nuevo beneficio no estaba financiado. El CFA también participó en la discusión, lo que llevó al Ejecutivo a aumentar la recaudación esperada por las medidas tributarias a un 0,70% del PIB. Este asunto también generó controversia durante las reuniones de traspaso entre Cerda y Marcel en el verano de 2022.
