La oposición chilena ha señalado que la situación fiscal que enfrentará el gobierno de José Antonio Kast es atribuible a la gestión del ex ministro de Hacienda, Mario Marcel. Se estima que el déficit fiscal estructural que dejará el gobierno de Gabriel Boric a la administración de Kast alcanzará los 13.200 millones de dólares, lo que ha llevado a algunos sectores a considerar la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Ruth Hurtado, secretaria general del partido Republicanos, afirmó en una entrevista con Radio Duna que “el responsable político, primero, es (Mario) Marcel”. Hurtado también mencionó que el presidente Gabriel Boric tiene parte de la responsabilidad, pero enfatizó que actualmente el foco está en el ministro Grau, quien está al frente de la situación. La funcionaria criticó la falta de sanciones para los políticos que cometen errores significativos, señalando que “no puede ser que los políticos, cuando cometen este tipo de horrores, se queden sin ninguna sanción”.
La diputada Joanna Pérez, del partido Demócratas, respaldó las declaraciones de Hurtado en CNN Chile, indicando que “sabemos que esto no es solo la responsabilidad del ministro Grau; yo diría que gran parte de esta responsabilidad es del ex ministro Marcel”. Pérez lamentó que Marcel haya dejado su cargo hace casi seis meses, lo que limita la posibilidad de acusarlo en este momento.
Por su parte, la diputada Pamela Jiles, del partido PDG, fue más contundente en sus críticas hacia Marcel, calificándolo de “nefasto” e “ineficiente”, y acusándolo de huir de la responsabilidad al abandonar su puesto antes de que se pudiera presentar una acusación constitucional en su contra.
En medio de este contexto político, se ha confirmado la muerte de dos mujeres en la Mutual de Seguridad debido a la gravedad de sus quemaduras, lo que ha generado un llamado a la privacidad por parte de sus familiares durante el proceso de duelo. Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha advertido que las acciones del gobierno de Boric podrían “socavar la seguridad regional” y afectar al pueblo chileno, sugiriendo que su legado podría verse comprometido por estas decisiones.
