
María Leonarda Villalobos enfrenta amenazas en prisión preventiva. Su abogada solicita medidas de resguardo y revisión de su situación legal en Santiago.
Entre los protagonistas del Caso Audios, la abogada María Leonarda Villalobos ha enfrentado semanas de intensa turbulencia durante su tiempo en prisión preventiva. Según un documento presentado por su defensora, Alejandra Borda, ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago el 22 de septiembre, Villalobos ha sido objeto de amenazas dentro del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. En este escrito, Borda solicitó una audiencia para garantizar la protección de Villalobos y revisar las medidas cautelares impuestas.
Desde el 27 de agosto, Villalobos se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizada por delitos relacionados con la tributación, lavado de activos y soborno. Sin embargo, las amenazas que ha recibido se hicieron evidentes a mediados de septiembre. En el documento presentado, Borda detalla que Villalobos recibió una “amenaza directa”, en la que se le advertía que “la iban a ‘masacrar’”. El 14 de septiembre, mientras Villalobos se ausentó de su celda para ir al baño, alguien ingresó a su espacio y dejó un “bulto” extraño que contenía una nota. Este hallazgo fue reportado de inmediato a Gendarmería, que, a través de cinco funcionarias, logró descifrar que la nota contenía una amenaza directa, indicando que debía tener cuidado porque la iban a “masacrar”.
Borda también mencionó que esta situación llevó a la presentación de una denuncia ante el fiscal de turno de la zona centro sur. En su escrito, la abogada argumentó la necesidad de una audiencia de cautela de garantías para discutir la posibilidad de modificar la medida cautelar que pesa sobre Villalobos. En este contexto, solicitó que se cambiara la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Desde que se impuso la prisión preventiva, la defensora de Villalobos ha estado pidiendo un traslado para su representada, argumentando que el sistema penitenciario no tiene la capacidad adecuada para garantizar su seguridad. En el documento que denuncia las amenazas, Borda enfatizó que “lejos de preocuparnos por diferencias de forma, como la inexistencia de comodidades, agua caliente, calefacción o distracciones para los internos, nuestro punto principal ha sido la falta de seguridad que un penal especial para delitos económicos le puede ofrecer al imputado”.
Borda también destacó que los hombres formalizados por la misma causa están protegidos por Gendarmería en un recinto especial para este tipo de delitos, donde están rodeados de “personas de similares estratos socio culturales”, lo que les permite estar menos expuestos a amenazas y extorsiones. Además, la abogada mencionó que la magistrada había estado de acuerdo en habilitar un anexo para Villalobos en Capitán Yáber, pero que fue Gendarmería la que indicó que esto no era posible.
En su reciente escrito, Borda subrayó que “podrá apreciar SS (Su Señoría) que nuestros temores no eran infundados, ni buscaban generar beneficios en forma artificial, solo buscaban generar una esfera de resguardo igualitaria para nuestra representada, en comparación con la que actualmente tienen el resto de los coimputados por la misma causa”.
Ante la solicitud presentada por Borda, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago ha programado la audiencia de cautela de garantías y revisión de la prisión preventiva de Villalobos para el 27 de septiembre. Esta audiencia se llevará a cabo en la sede del tribunal, ubicada en el Centro de Justicia de Santiago. Además, el tribunal ha ordenado que se implementen medidas de resguardo para la imputada dentro del recinto penitenciario. En su resolución, se indicó que “atendido el mérito de lo expuesto, ofíciese al señor alcaide del CPF San Miguel a fin de solicitar que adopte las medidas de resguardo necesarias para asegurar la integridad física y psíquica de la imputada al interior del recinto penal, en atención a la información proporcionada por la abogada defensora quien señala que la imputada ha sido objeto de amenazas”.