Luis Hermosilla fue trasladado al anexo Capitán Yáber tras la orden de prisión preventiva de la jueza Mariana Leyton por delitos de soborno y lavado de activos.
Luego de pasar una noche en el Penal Santiago 1, el abogado Luis Hermosilla fue trasladado al anexo Capitán Yáber para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue ordenada por la magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Mariana Leyton, el martes 27 de agosto. Este cambio de penal se realizó tras la presentación de un recurso de amparo por parte de la defensa de Hermosilla, liderada por su hermano, Juan Pablo Hermosilla, quien solicitó un traslado “inmediato” debido a “problemas de salud”.
En el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones, la defensa argumentó que el ingreso al anexo Capitán Yáber no debe considerarse un “privilegio”, sino que es una práctica habitual para este tipo de delitos. En el documento, se expuso que “en insistentes y frustrados contactos con Gendarmería de Chile, y personal del Ministerio de Justicia, ha sido imposible gestionar el ingreso de mi representado al recinto correspondiente para el cumplimiento de su medida cautelar; sin entender esta solicitud como un privilegio, sino como una medida habitual para este tipo de delitos”.
La defensa también destacó que el ingreso inicial de Hermosilla a un penal diferente al que normalmente se asigna para las medidas preventivas por delitos económicos representa “una arbitrariedad excesiva, que pone en riesgo la salud y derechos de Luis Hermosilla”.
Durante la misma jornada, la jueza Leyton consideró que la libertad de Hermosilla podría representar un peligro para la seguridad de la sociedad, dado que su red de contactos podría comprometer el éxito de la investigación. Esto se produce en el contexto de la imputación de Hermosilla por delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios. Tras cinco días de audiencias, tanto Luis Hermosilla como Leonarda Villalobos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, y se estableció un plazo de 180 días para la investigación correspondiente.
