Avance en la gobernanza del SII: se crean nuevos comités para despersonalizar decisiones y mejorar el cumplimiento tributario de los contribuyentes.
Un importante avance se evidenció esta mañana con el conjunto de indicaciones que el Ejecutivo presentó al proyecto destinado a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Este desarrollo se produce tras la aprobación por parte de la comisión de Hacienda del Senado de varias enmiendas significativas relacionadas con la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII). Entre las modificaciones, se contempla la creación de dos nuevos comités que tienen como objetivo despersonalizar algunas decisiones que actualmente son tomadas directamente por el director del organismo.
Durante la sesión inicial, se aprobaron enmiendas pendientes que abordan temas de persecución de delitos tributarios, incluyendo un nuevo mecanismo de autodenuncia que los contribuyentes podrán utilizar en caso de haber cometido infracciones en materia fiscal. Desde el Ministerio de Hacienda se aclaró que una persona no podrá acogerse a este mecanismo si ya ha presentado y se le ha aceptado una autodenuncia anteriormente. La redacción original de la norma solo mencionaba la presentación de la autodenuncia.
Posteriormente, se discutió en detalle la nueva estructura institucional, que incluye la creación de un comité ejecutivo y un consejo tributario. El comité ejecutivo tendrá diversas funciones que contrarrestarán las atribuciones del director del SII. Este comité estará compuesto por los subdirectores de Fiscalización, Jurídica y Normativa del organismo, quienes ya no serán designados por el director, sino a través de la Alta Dirección Pública (ADP). De esta manera, la dirección nacional del SII no solo estará conformada por su director, sino también por estos tres subdirectores. Este comité tendrá la capacidad de opinar sobre la pertinencia de calificar un acto como elusivo ante un Tribunal Tributario Administrativo (TTA). Además, podrá escuchar los descargos y antecedentes del contribuyente acusado y deberá emitir un informe dentro de plazos específicos sobre la calificación de un acto como elusivo o no. También tendrá la facultad de pronunciarse sobre denuncias o querellas que superen las 1.200 Unidades Tributarias Anuales (UTA), la recompensa para el denunciante anónimo, transacciones u operaciones de interés institucional, así como liquidaciones, resoluciones y giros derivados de lo anterior. Las decisiones del comité deberán ser adoptadas por unanimidad.
Por otro lado, el consejo tributario tendrá una opinión vinculante sobre la legalidad de las circulares que el director del SII proponga y que sean objeto de consulta pública previa. Estas circulares podrán ser aprobadas o rechazadas con el voto de tres de los cuatro consejeros. El director del SII también formará parte de este consejo, aunque su opinión sobre el Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario del servicio no será vinculante. Los consejeros serán seleccionados por el ministro de Hacienda, quien deberá considerar una terna propuesta por la ADP. Su mandato será de cinco años y estarán sujetos a inhabilidades, como no poder realizar funciones de asesoría tributaria o jurídica, ni representar administrativamente a contribuyentes ante el SII durante su ejercicio. También se establece que no podrán haber sido condenados por delitos que prohíban el ejercicio de un cargo público. La remuneración de los consejeros será de hasta 50 Unidades de Fomento (UF) por sesión, con un límite de 150 UF al mes.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que la creación de ambos organismos busca “despersonalizar” decisiones específicas del servicio, lo que permitirá “sujetar y filtrar” la toma de decisiones. La creación de estas instancias fue aprobada por unanimidad por los senadores, a excepción del artículo que permite al comité ejecutivo decidir sobre la recompensa al denunciante anónimo, el cual recibió el voto en contra de Juan Antonio Coloma (UDI).
Los legisladores también aprobaron el establecimiento a nivel legal de las subdirecciones del SII y su inclusión en el sistema de ADP, así como los mecanismos de remoción de estos cargos antes de un cambio de Gobierno. Sin embargo, quedaron pendientes algunos puntos específicos ante las dudas planteadas por el actual director (s) del SII, Javier Etcheberry. Durante la discusión, se generó un intenso debate tras las manifestaciones del ingeniero, quien expresó su preferencia por que el director del SII no forme parte del comité ejecutivo. Además, sugirió que deberían establecerse mayores inhabilidades para los nuevos consejeros del consejo tributario.
El ingeniero argumentó que “hay un tema que me imagino que es un error, porque está el director como miembro del comité ejecutivo y yo creo que no debería estar”. También planteó que “encuentro complicado que alguien que se dedica a las asesorías tributarias, al día siguiente sea parte de este consejo tributario”, sugiriendo que debería haber un período de carencia más extenso. Estas inquietudes fueron acogidas por varios senadores, lo que deja abierta la posibilidad de que el Ejecutivo retome la discusión para considerar la exclusión del director del servicio del comité ejecutivo.
