La reconocida cadena de lomiterías Lomitos 2×1 se encuentra en el centro de una grave denuncia tras un operativo realizado por el Ministerio de Trabajo en su centro de producción, ubicado en la calle Aviador Kingsley al 2900, en la zona oeste de Córdoba capital, Argentina. Durante la inspección, se descubrió que la empresa tenía a trabajadores en condiciones de esclavitud.
Según el gremio local de gastronómicos, un total de 27 trabajadores fueron hallados en condiciones “paupérrimas”, encerrados y sin ningún tipo de registro laboral. “Llegamos por información que teníamos de esta cadena. Hicimos una inspección con el Ministerio de Trabajo de la Provincia”, declaró Juan Rousselot, secretario general del gremio de gastronómicos, a Canal 10.
Trabajadores esclavos: encargados intentaron impedir fiscalización de autoridad argentina
Rousselot relató que, en un primer momento, los responsables del lugar intentaron impedir el ingreso al inmueble. “Intentamos ingresar como cualquier inspección normal y habitual. Nos pusieron resistencia”, detalló. Al ingresar, las autoridades encontraron a seis trabajadores en una pequeña habitación con “condiciones paupérrimas de salubridad y de higiene, desastrosas”.
La situación se tornó aún más alarmante cuando los inspectores detectaron una heladera industrial bloqueando otra puerta del inmueble. “Se escuchaba de adentro gente encerrada. Era como si estos empresarios creyeran que estaban en la época de la esclavitud”, afirmó Rousselot. Tras solicitar la intervención de la Policía, finalmente se logró abrir la puerta bloqueada, donde se encontraron a 27 trabajadores en condiciones inhumanas.
Rousselot enfatizó que “era un lugar oscuro, sin espacio adecuado de trabajo, y estaban encerrados con el peligro que esto conlleva ante cualquier situación de incendio”. Además, destacó que los trabajadores no estaban registrados y que la heladera industrial utilizada para bloquear la puerta “pesaba toneladas”.
El gremio presentó denuncias tanto en la Comisaría 20 como ante el Ministerio Público Fiscal. Según el sindicalista, el hecho es “gravísimo” y exige consecuencias legales contra los responsables. “Esperamos que la Justicia actúe y que estos empresarios inescrupulosos tengan las consecuencias que se merecen”, añadió.
Fuentes judiciales confirmaron que ya se ha abierto una investigación a cargo del fiscal del Distrito II Turno 3, Luis Micheli. Actualmente, la causa se encuentra en una etapa inicial, y aún no hay imputados ni detenidos. Por otro lado, las mismas fuentes indicaron que se está analizando si podrían configurarse delitos de competencia federal, como trata o explotación laboral. No obstante, por el momento no se ha determinado una calificación legal precisa.
La situación destapada en esta inspección genera preocupación no solo por las condiciones laborales, sino también por el nivel de ocultamiento evidenciado. “Ningún trabajador estaba registrado. De hecho, estaban escondidos por esta franquicia”, concluyó Rousselot.
El caso continúa en desarrollo mientras la Justicia avanza con las medidas probatorias para verificar las denuncias y determinar responsabilidades.
