Un grupo de senadores de oposición ha presentado un proyecto de reforma constitucional, conocido como Ley Steinert, con el objetivo de establecer un periodo de inhabilidad de dos años para que fiscales y otros miembros del Ministerio Público puedan asumir cargos políticos de confianza. Esta iniciativa surge tras la controversia generada por el ascenso de Trinidad Steinert, quien pasó de la Fiscalía Regional de Tarapacá al Ministerio de Seguridad Pública, en medio de críticas sobre su gestión en ciertas investigaciones.
Los senadores Gastón Saavedra y Fidel Espinoza, del Partido Socialista (PS), Daniel Núñez del Partido Comunista (PC) y Alejandra Sepúlveda, independiente, han argumentado que este tipo de nombramientos podría interpretarse como un “premio” por decisiones tomadas en investigaciones penales, especialmente cuando estas involucran a figuras políticas. La propuesta busca garantizar la independencia y la integridad del trabajo de los fiscales, evitando que su proceder sea cuestionado por posibles conflictos de interés.
El senador Saavedra, en declaraciones a Radio Biobío, enfatizó que el propósito de la reforma es “garantizarles a los chilenos y chilenas que su proceder será con buenas prácticas y, al mismo tiempo, en términos independientes”. Además, subrayó la necesidad de evitar “un manto de dudas respecto de su proceder”.
Por su parte, Patricia Ibarra, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, ha manifestado que los fiscales son servidores públicos y que su experiencia debe ser valorada. Ibarra indicó que el proyecto está en sus primeras etapas y que se espera un debate en el Congreso sobre sus implicaciones.
La Ley Steinert se presenta en un contexto donde la confianza en las instituciones y en el sistema judicial es crucial, y busca establecer un marco que proteja la labor de los fiscales de influencias externas. Este tipo de reformas es parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer la independencia del poder judicial en Chile.
