La administración de José Antonio Kast busca acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular en Chile, reabriendo un consulado en Caracas y limitando beneficios sociales como principales estrategias.
A tres semanas de asumir la presidencia, Kast ha enfrentado críticas por la falta de avances en su plan de expulsiones, prometido durante su campaña. En una reciente declaración, el mandatario afirmó: “¿Expulsados por el Gobierno? Ninguno, hasta ahora”, reflejando la dificultad de implementar su política migratoria debido a las tensas relaciones con Venezuela, de donde proviene la mayoría de los inmigrantes irregulares en el país.
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, ha indicado que uno de los pasos fundamentales es restablecer las relaciones consulares con Venezuela, actualmente bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez. “Lo primero es tratar de avanzar en recuperar las relaciones, al menos, a nivel consular. Nosotros tenemos una gran cantidad de venezolanos en Chile y es importante que les resolvamos el problema a las personas”, comentó el canciller en un evento reciente.
La reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas ha sido vista como un indicio positivo para la reanudación de relaciones diplomáticas. Según el director de migraciones, Frank Sauerbaum, hay alrededor de 46,000 personas con órdenes de expulsión vigentes, pero los recursos disponibles para llevar a cabo estas expulsiones son limitados, alcanzando solo para el 2% de los casos pendientes.
Ante esta situación, el gobierno ha propuesto que los inmigrantes regulares salgan voluntariamente del país. Kast ha afirmado que se generarán “incentivos suficientes” para que aquellos que ingresaron de manera irregular opten por regresar a sus países de origen. Para ello, se ha aprobado un proyecto de ley que restringe el acceso a beneficios sociales para quienes hayan ingresado por pasos no habilitados, exigiendo cédula de identidad vigente y residencia definitiva para acceder a subsidios.
Además, el presidente ha mencionado la posibilidad de que el Estado retenga bienes de inmigrantes con órdenes de expulsión, afirmando: “Vamos a expulsar personas y los bienes van a ser retenidos”. En el ámbito institucional, se ha creado un nuevo departamento de Fiscalización y Expulsiones bajo la dirección de Sauerbaum, que actuará como enlace entre el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad en la gestión de migrantes.
La situación migratoria en Chile sigue siendo un tema candente, con el gobierno buscando implementar medidas efectivas para abordar el fenómeno de la inmigración irregular, mientras enfrenta desafíos tanto internos como externos en su política migratoria.
