La senadora Karol Cariola se encuentra en el centro de una controversia tras la difusión de información relacionada con el caso Chinamart, que investiga posibles gestiones de tráfico de influencias ante la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en favor del empresario Bo Yang.
La indagatoria, liderada por el Ministerio Público, se basa en un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que incluye mensajes de WhatsApp recuperados del teléfono de Hassler. En estos mensajes, Cariola se refiere a Yang como un “amigo” en el contexto de gestiones relacionadas con el local comercial Chinamart. La senadora, perteneciente al Partido Comunista, ha sido citada como imputada y su declaración ante la Fiscalía Regional de Coquimbo se llevó a cabo el pasado 2 de diciembre, donde abordó su relación con el empresario y las gestiones realizadas.
A pesar de las acusaciones, Cariola ha negado rotundamente cualquier implicación en un delito y ha cuestionado la interpretación de los hechos. “El informe de la PDI que se ha filtrado ilegalmente por algunos medios, en ninguna parte establece que las pruebas acrediten el delito de un eventual tráfico de influencias”, afirmó la senadora. Además, destacó su disposición a colaborar con la investigación, asegurando que ha actuado con total transparencia y que ha levantado el secreto de sus cuentas bancarias para demostrar su inocencia.
“Tomé esa decisión porque no tengo nada que ocultar. Mi único interés es que todo se esclarezca y que esta situación, marcada por afirmaciones falsas e injurias, llegue a su fin”, agregó Cariola, quien también criticó la cobertura mediática del caso, lamentando que información incorrecta haya sido utilizada en su contra en redes sociales.
El abogado defensor de Cariola, Juan Carlos Manríquez, respaldó su postura, afirmando que el informe policial no contiene pruebas que configuren un delito. “Lo único que hace (el informe de la PDI) es confirmar que ella abrió voluntariamente sus cuentas, declaró voluntariamente durante largas horas y respondió a todas las preguntas de la Fiscalía”, sostuvo el defensor, quien también descartó que las acciones mencionadas en el informe correspondan a decisiones administrativas relevantes.
La investigación sigue en curso bajo la supervisión del Ministerio Público, en medio de un creciente debate público sobre la veracidad de las filtraciones y el alcance de las gestiones realizadas por la senadora. Este caso ha generado un amplio interés mediático y ha puesto de relieve las tensiones en la política local respecto a la transparencia y la ética en la gestión pública.
