La situación actual del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario refleja la complejidad de las alianzas políticas en el Congreso argentino.
El presidente Javier Milei tomó la decisión de vetar la ley de financiamiento universitario el pasado miércoles, coincidiendo con una masiva movilización en defensa de la educación pública. Esta acción ha llevado tanto a la Casa Rosada como a los referentes libertarios en el Congreso a buscar los votos necesarios para respaldar la decisión presidencial. En este contexto, la atención se centra en Mauricio Macri, quien ha sido un actor clave en la política argentina.
Los bloques de peronismo y radicalismo, liderados por Miguel Ángel Pichetto, solicitaron de inmediato una sesión especial para insistir en la aprobación de la ley. Son conscientes de que cuanto más cerca se realice la votación, mayor será la presión social que sentirán los diputados, lo que podría aumentar las posibilidades de éxito. La fecha elegida para esta sesión es el 9 de octubre, y se requiere un voto de dos tercios de los presentes para avanzar.
Por su parte, los legisladores deberán reunir nuevamente el apoyo de los 87 “héroes” que detuvieron la reforma jubilatoria el mes pasado. Sin embargo, el panorama se presenta complicado por diversas razones. Principalmente, se han recibido señales de alerta desde el PRO, donde los miembros liderados por Cristian Ritondo están divididos. Algunos consideran que deben continuar apoyando sin fisuras, sin importar el costo político que implique sostener el veto a la ley universitaria. En cambio, otros destacan la mala gestión del Gobierno, señalando que la partida presupuestaria en cuestión pone en riesgo el equilibrio fiscal. Estos legisladores argumentan que el conflicto se está ampliando a ámbitos que van más allá de lo salarial, como las denuncias sobre universidades que supuestamente inventan alumnos y son vistas como focos de corrupción política. Además, muchos senadores son profesores de esas mismas universidades, lo que complica aún más la situación.
Una diputada explicó que “el total del proyecto es 0,14% del PBI. Ya se hizo una oferta salarial, deberíamos calcular cuál es la diferencia entre esa propuesta oficial y el proyecto. Tal vez todo este conflicto puede escalar a un 0,08% del PBI”. Muchos de sus compañeros comparten la opinión de que la relación fiscal es demasiado alta. “Es muy difícil, sobre todo en el interior, porque algunas provincias tienen facultades pequeñas directamente afectadas. Seguramente habrá algunos ausentes”, reconoció otro referente.
Las primeras reacciones del Gobierno fueron negativas. Mientras Macri se pronunció a través de las redes sociales tras la reforma jubilatoria, el presidente Milei mantuvo silencio, lo que dejó espacio para especulaciones. En la última reunión del PRO, también se evitaron definiciones claras. De hecho, Milei mencionó que la educación es una “bandera histórica” de su fuerza política. Martín Menem, un legislador clave, sabe que su capacidad para avanzar en la negociación depende de asegurar el apoyo del PRO, que aún no está garantizado, lo que dificulta lograr un compromiso con los bloques provinciales que no quieren verse arrastrados a una derrota previsible.
En el entorno de la Cámara de Diputados, se reconoce que se está tratando de encaminar la situación “hablando públicamente”. “Lo único que puede ordenar esto, además de las partidas, es que se puedan indexar a la inflación. Si no se ordena, terminarán dividiendo”, explicaron, refiriéndose a la necesidad de apoyo de Patricia Bullrich. La discusión se centra únicamente en el número, no en el tema cuantitativo, sino en el cualitativo, ya que se está discutiendo cómo se obtendrán los fondos. “Nosotros rechazamos eso contundentemente”, señalaron.
“Estamos tratando de ‘desindexar’ la economía para no alimentar la inflación. Mañana querrán actualizar los gastos”, advirtieron. También se asegura que, en el contexto de la disputa por las jubilaciones, se perderán “tantos” votos. Otra muestra de las dudas internas quedó evidenciada en la participación del diputado Álvaro González y la senadora Guadalupe Tagliaferri, mientras que Héctor Baldassi estuvo ausente cuando se ratificó que votará a favor. “Estoy convencido de que esto te saca vulnerabilidad en el acceso al estudio y al conocimiento, especialmente a nivel superior. Hay que hacer eficientes los recursos, controlar y mejorar, pero la prioridad debe ser superior”, tuiteó el día de la marcha.
El senador Luis Juez y Oscar Zago también se ausentaron debido a compromisos de viaje. Desde el PRO aseguraron que esta situación estaba planeada desde hace meses y negaron cualquier lectura sobre la misma. Por otro lado, la diputada libertaria Lilia Lemoine se encuentra en Ucrania para conocer de primera mano las consecuencias de la invasión ordenada por Putin. En cuanto a la coalición Innovación Federal, podría retirar su apoyo, ya que tres legisladores de Salta han dejado trascender que rechazarán la propuesta, mientras que los de Río Negro y Misiones especularán hasta el último momento, como es habitual.
La votación sobre las jubilaciones se llevó a cabo con algunos legisladores absteniéndose y otros ausentes, lo que complicó alcanzar el umbral necesario de dos tercios. Además, cinco radicales que habían apoyado el veto mostraron dudas en su postura. Pablo Cervi y Arjol aún deben resolver la interna del bloque. “Van a ser héroes o prestarse a la movida opositora”, advirtieron los libertarios, quienes en estas horas intentan evitar una “derrota simbólica”. El lunes se llevará a cabo una nueva mesa de coordinación entre aliados, donde se jugarán sus últimas cartas. La postura se definirá en la siguiente reunión.
