Inmobiliaria critica al Gobierno: “respuesta es muy vergonzosa” ante inminente desalojo de 4 mil familias

La Inmobiliaria San Antonio S.A, que representa a los propietarios del terreno donde se encuentra la megatoma de San Antonio, ha calificado como “muy vergonzosa” la respuesta del Gobierno ante el inminente desalojo de la zona. Este desalojo afectaría a aproximadamente 4 mil familias que residen en el cerro Centinela.

La situación se ha intensificado tras la falta de acuerdo para la compra del terreno, lo que llevó a los propietarios a reactivar la solicitud de desalojo. Diego Pereira, abogado de los propietarios, confirmó que se ha presentado un escrito ante la Corte de Apelaciones con el objetivo de acelerar el proceso y establecer una fecha para el desalojo.
“El día jueves 11 de septiembre presentamos un escrito ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el objeto de hacer presente que los últimos seis meses de conversaciones con el Ministerio de la Vivienda fueron infructuosos y, por lo tanto, solicitamos en ese escrito que se reactivase la orden de desalojo emitida por dicha Corte y ratificada por la excelentísima Corte Suprema”, indicó Pereira.
El abogado también mencionó que la Corte ha solicitado a las autoridades que presenten informes sobre cómo se han preparado para llevar a cabo el desalojo. “Estos informes ya están en manos de la Corte y estamos esperando que se dicte el cúmplase en los próximos días y se fije una fecha para el desalojo en asunto”, agregó.
Pereira criticó la respuesta del Gobierno, señalando que “la respuesta del Ministerio del Interior, así como de los otros ministerios involucrados, la verdad es que es lamentable, es muy vergonzosa”. Según él, el Gobierno ha tenido un año y medio desde que se ratificó el fallo de la Corte Suprema de Justicia para preparar las condiciones necesarias para el desalojo.
“En nuestra opinión, esto constituye una muestra evidente de la indefensión en que se encuentra un privado ante el Estado. No estamos pidiendo ni más ni menos que se nos devuelva un terreno usurpado que lleva en dicha condición más de seis años a la fecha y contando”, subrayó el abogado.
En respuesta a la solicitud de desalojo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, instó a los propietarios a buscar “hasta el último momento” una solución para evitar el desalojo. “Un desalojo de 10 mil personas, de 4 mil familias, es una situación muy dura, muy difícil, y tenemos que agotar las posibilidades de encontrar una solución”, enfatizó Montes.