El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ha dado a conocer su informe sobre las “condiciones de vida de los hogares” correspondiente al primer semestre de este año, el cual ofrece un panorama sobre cómo han impactado las decisiones económicas iniciales del gobierno de Javier Milei en los últimos meses de la gestión anterior. Aunque la mayoría de los indicadores son de naturaleza estructural, lo que implica que no cambian de manera significativa en el corto plazo, algunos de ellos muestran un dinamismo particular. Los resultados son ambiguos, ya que, si bien se observan mejoras significativas en ciertos aspectos, también se registran retrocesos en otros.
Calidad de los materiales de vivienda
Una de las áreas evaluadas en el informe es la calidad de los materiales de las viviendas. Según el estudio, el 77,3% de los argentinos vive en hogares con materiales adecuados, mientras que el 14,5% reside en viviendas que son parcialmente insuficientes y el 8,2% en casas consideradas precarias. En comparación con el periodo anterior, que aún estaba bajo la presidencia de Alberto Fernández, los porcentajes eran del 77,7%, 13,8% y 8,5%, respectivamente. Esto indica que durante los primeros seis meses de la gestión de Milei, 101.893 personas dejaron de vivir en condiciones insuficientes.
Situación de hacinamiento y acceso a servicios
Asimismo, la proporción de la población que se encuentra en situación de hacinamiento crítico, es decir, en hogares con más de tres personas por habitación, se redujo del 4,1% al 3,7%, lo que equivale a una mejora para 178.162 habitantes. Sin embargo, se ha observado un retroceso en otros aspectos. Durante el actual gobierno, el 8,7% de la población vive sin acceso a un baño con descarga de agua, lo que representa a 4.066.422 personas, en comparación con los 3.537.976 habitantes registrados anteriormente. Esto significa que 228.445 personas han experimentado un deterioro en sus condiciones de vida.
El acceso a servicios públicos también es un tema relevante. El informe de Indec detalla cuántas personas tienen acceso a agua, cloacas y gas de red. En este sentido, los números indican que aproximadamente 843.046 personas pasaron a tener conexión a la red pública. Además, el porcentaje de habitantes que cuentan con desagüe y inodoro públicos creció del 69,3% al 71,5%, lo que incluye a 1.194.916 personas. Por otro lado, el número total de habitantes con acceso a gas se mantuvo relativamente estable, pasando de 28,9 a 28,6 millones de personas.
Un dato negativo que se destaca es que no hubo cambios significativos en la cantidad de personas que viven cerca de basurales, que se mantiene en un 5,6%, y en las zonas inundables, que aumentaron al 9,1%. Este último dato representa un aumento de 490.955 personas.
Análisis de las condiciones de vida
Se pueden analizar muchos puntos respecto a las condiciones de vida, pero resulta interesante observar con detenimiento qué ocurrió en este periodo, para entender si la dinámica observada en la primera mitad de 2024 responde a una cuestión puntual o si es un patrón que tiende a repetirse al inicio de cada gobierno. En el relevamiento de Condiciones de Vida de 2020, se observó que en ese período la pobreza sustancial bajó del 9,1% al 8,4% en áreas urbanas. El porcentaje mejoró levemente en un 0,3% porcentuales, subiendo del 91,9% al 92,3% por ciento. Sin embargo, se redujo la disponibilidad de corriente en un 0,5 (2,5 pp) y, por el contrario, se incrementó el hacinamiento en 0,9 pp y las zonas inundables en 0,1 pp.
Según Agustín Salvia, director del Observatorio de Deuda Social Argentina de la Universidad Católica (ODSA-UCA), hay dos principales factores a tener en cuenta: “Por un lado, es factible ver el nivel de infraestructura de las obras encaradas directamente desde la parte privada. A veces, cuando se da una vivienda, se tiene drenaje público, por ejemplo. Al realizarse una obra, cambia la situación de todas las personas que viven en ese hogar”. Este tipo de cambios tienden a verse en trimestres, cuando las familias eligen irse de vacaciones o tienen algún ahorro disponible para volcarlo en su hogar.
El segundo punto mencionado por Salvia es el “efecto elecciones”. Explicó que las nuevas gestiones suelen realizarse en un marco electoral. “En casi todos los casos vemos que fueron desarrollados al final de la gestión de Fernández. Es común que en períodos electorales los gobiernos fomenten inversiones que intercedan en la población”, comentó el experto. “Se puede mencionar como ejemplo el caso de Tigre, en la zona norte, donde el distrito tendió a recibir mucha inversión en el contexto electoral”, recordó. “Lo mismo ocurrió en la época de Macri, cuando se vio mucha inversión en un contexto electoral”, agregó Salvia.
“Cada gobierno acuerda una línea de inversión, y el territorio va ganando protagonismo. Se suspenden obras y los gobernadores van con pocos recursos a las campañas de cara a las próximas elecciones legislativas”, estimó Jorge Colina, economista de Idesa, quien coincidió en que estos factores conducen a parámetros que consideran que el cambio dio un giro diferente. “Durante la crisis muy grande, empezaron obras que quedaron inconclusas. Las terminaron porque se desmadró la situación. Además, era más rentable el ‘plan platita’ que ponerles piso a las casas. Este es un problema estructural de cortoplacismo”, comentó Colina.
La pobreza en el contexto actual
Más allá de los registros de los períodos, la encuesta revela una situación delicada en la población. Hay un 3,8% de la población que vive en condiciones insuficientes, un 1,7% en condiciones críticas, y un 7% con saneamiento inadecuado, además de un 18,3% que no tiene acceso a la red de agua, solo por citar algunos ejemplos. Salvia destacó que los problemas han venido mejorando en los últimos 20 años, aunque a un ritmo lento. La reproducción demográfica va en aumento, lo que genera que se sigan generando nuevos pobres estructurales. “Se mantiene que exista un proceso de indicadores”, comentó. “Las condiciones asociadas a ciclos políticos están fuertemente ligadas a muchos procesos electorales”, insistió el economista.
Colina, por su parte, mencionó que en las provincias del norte, a pesar de los ingresos por coparticipación, el ingreso per cápita es muy bajo. Como ejemplo, mencionó que en el NEA apenas el 5% de la población tiene acceso a electricidad para cocinar, mientras que en el NOA llega al 40%, según la base de datos de Indec. En contraste, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ingreso per cápita alcanza los $45.327, superando los 200.000 pesos.
Sebastián Laza clasificó los tipos de pobreza en coyuntural y estructural. Respecto a la pobreza coyuntural, afirmó que se trata de personas de formación cultural de clase media que, en un pico inflacionario, ven sus salarios temporalmente atrasados y caen por debajo de la línea de pobreza. “Es coyuntural, culturalmente media”, observó. En cambio, la pobreza estructural es persistente a través de los años y se asocia a condiciones de hacinamiento y a la falta de servicios básicos. Esta última se relaciona con la indigencia. Para erradicarla, no solo se deben mejorar los ingresos, sino también la infraestructura, opinó Laza.
El especialista consideró que se necesita uno de dos escenarios: “Que el Estado, a su turno, enfoque políticas de mejoramiento, ya sea a través de créditos accesibles, que produzcan años de crecimiento económico consecutivos”. “También es fundamental mejorar el sistema educativo, para que los hijos puedan asistir a la escuela”, resaltó.
