Una reciente sentencia judicial ha vuelto a poner en el foco mediático el historial delictivo de Hugo Bustamante, conocido por el asesinato de la menor Ámbar Cornejo. En esta ocasión, el tribunal lo ha condenado a 10 años y un día de prisión efectiva por un doble homicidio ocurrido en 1996, cuyas circunstancias fueron esclarecidas gracias a confesiones del propio condenado.
El fallo, emitido por el Poder Judicial, establece que Bustamante es responsable de la muerte de una madre y su hijo en Villa Alemana, Región de Valparaíso. A pesar de que el caso es antiguo, fue reactivado tras una entrevista en la que Bustamante admitió su implicación, lo que permitió reabrir la investigación y avanzar en la acción penal.
Según información de BioBioChile, los hechos ocurrieron el 27 de junio de 1996, cuando un hombre adulto se presentó en la casa de Bustamante para exigir el pago de una deuda. La discusión que siguió se tornó violenta, y Bustamante golpeó a la víctima en la cabeza con un objeto metálico, causándole la muerte en el acto. Horas después, la madre del fallecido llegó al mismo domicilio para aclarar la situación y reclamar la deuda. En este segundo encuentro, Bustamante también la atacó, provocándole la muerte por asfixia.
Posteriormente, el condenado ocultó los cuerpos de ambas víctimas en su propiedad, atándolos con alambre, cubriéndolos con una frazada y enterrándolos en un pozo. El tribunal calificó estos actos como homicidios calificados y, aunque cada delito tiene su propia pena, la reiteración de los crímenes permitió aplicar una regla de unificación, que autoriza a imponer una pena única aumentada en un grado por la naturaleza múltiple de los delitos.
La sentencia incluye además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, así como la suspensión de derechos políticos durante el cumplimiento de la condena. Bustamante no podrá acceder a beneficios ni penas sustitutivas, lo que significa que deberá cumplir su condena de manera efectiva en prisión.
El tribunal argumentó que la pena impuesta se ajusta al marco legal vigente, considerando la gravedad de los delitos y las disposiciones técnicas aplicables a crímenes reiterados, sin dejar espacio para la sustitución de la pena privativa de libertad.
